13 de septiembre de 2017
El miércoles 13 de septiembre tuvo lugar la inauguración de la 2ª parte del II Seminario Permanente: Monarquía Parlamentaria y Estado democrático en España, Europa y América. Para ello contamos con la presencia del Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, así como con Alfredo Pérez Rubalcaba que realizó la ponencia inaugural “Democracia, monarquía y socialismo”.
Con su intervención, Pérez Rubalcaba quiso responder a la pregunta “¿ha ocurrido algo desde 1978 hasta el 2014 que obligase al PSOE a cambiar su opinión respecto de la Monarquía?” Con ella, se pretendía explicar por qué el Partido Socialista, Republicano en sus estatutos, votó que sí a la Constitución y aceptó la Monarquía Parlamentaria como forma de estado, así como a por qué también apoyaron la abdicación, años más tarde.
En primer lugar Pérez Rubalcaba hizo alusión al discurso pronunciado por Luis Gómez Llorente, diputado del PSOE que defendió la posición del partido en relación a los artículos 1 y 2 de la Constitución de 1978:
“Al asumir este Parlamento la expresión de la soberanía del pueblo y proceder a elaborar la nueva Constitución que en su día sea sometida al refrendo popular asumimos la obligación de replantear todas las Instituciones básicas de nuestro sistema político sin excepción alguna. Incluso la forma política del Estado y la figura del Jefe del Estado, porque sería de todo punto incompatible con la soberanía que por delegación del pueblo ostentan las Cortes Constituyentes que ninguna Institución se hurtara a sus facultades.”
De esto se desprende, de acuerdo con Pérez Rubalcaba, que la legitimidad de la Monarquía viene de las Cortes Constituyentes, es decir, del pueblo español que las ha elegido libremente, de la Soberanía Popular.
Durante la Transición, el PSOE apuntó que si aceptaban la Monarquía ésta debería ser democrática. Juan Carlos I renunció a los poderes absolutos que Franco le había dado para convertir a España en una democracia constitucional.
Por otro lado, Gómez Llorente también defendió la República:
“El PSOE fue en primer lugar republicano, y baluarte de la República, cuando no hubo otra forma de asegurar la soberanía popular, la honestidad política y, en definitiva, el imperio de la ley unido a la eficacia de la gestión.”
Aunque se declaraba, por tanto, republicano, también lo hizo compatible con la Monarquía si se cumplían ciertas condiciones
“en cuanto puede albergar razonables esperanzas en que sean compatibles la Corona y la democracia, en que la Monarquía se asiente y se imbrique como pieza de una Constitución que sea susceptible de un uso alternativo por los Gobiernos de derecha o de izquierda que el pueblo determine a través del voto y que viabilice la autonomía de las nacionalidades y las regiones diferenciadas que integran el Estado.”
Pérez Rubalcaba pasó a hacer balance, después, de los 40 años de democracia, 40 años de “historia de paz y convivencia, gracias a que Juan Carlos ha cumplido con lo que los socialistas pusieron como condición”.
En segundo lugar, Pérez Rubalcaba habló de la Constitución y de su necesidad de ser reformada para hacer así frente a las tres crisis de nuestro país, económica, territorial y política. Esta reforma debería asegurar a los españoles que no se van a poner en riesgo sus derechos, como la sanidad universal. Y es que “para hacer reformas políticas profundas hay que cambiar la Constitución”.
En cuanto a la crisis territorial, acelerada por la crisis económica, tiene, de acuerdo con Rubalcaba, dos tensiones, por un lado, los que creen que hay que recentralizar competencias, y por otro, los que quieren ir “más lejos” en el Estado de las Autonomías”. Rubalcaba es partidario de “completar el carácter federal de nuestra Constitución, si bien, no ser un estado federal”.
Seguidamente habló de Cataluña, y explicó que el problema se ha aglutinado en torno al “derecho a decidir”, porque en realidad hablan de “derecho de autodeterminación” que se trata de que “unos pocos deciden sobre todos”.
Pérez Rubalcaba cree que hay coas que “no se han hecho bien” y es por esto que hay que cambiar las reglas del juego, si bien hay que “cumplir la ley ante todo, y sobre todo”, ya que la democracia se basa en la Constitución y en el Estatuto, y pueden cambiarse, pero de acuerdo con las leyes.
Para terminar, concluyó que los socialistas y la Monarquía han tenido una relación positiva para el conjunto de los españoles que han vivido 40 años de estabilidad. Por último citó a Fusi, “para la democracia la Monarquía fue en 1931 el problema, y en 1975 la solución”.
El miércoles 13 de septiembre tuvo lugar la inauguración de la 2ª parte del II Seminario Permanente: Monarquía Parlamentaria y Estado democrático en España, Europa y América. Para ello contamos con la presencia del Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, así como con Alfredo Pérez Rubalcaba que realizó la ponencia inaugural “Democracia, monarquía y socialismo”.
Con su intervención, Pérez Rubalcaba quiso responder a la pregunta “¿ha ocurrido algo desde 1978 hasta el 2014 que obligase al PSOE a cambiar su opinión respecto de la Monarquía?” Con ella, se pretendía explicar por qué el Partido Socialista, Republicano en sus estatutos, votó que sí a la Constitución y aceptó la Monarquía Parlamentaria como forma de estado, así como a por qué también apoyaron la abdicación, años más tarde.
En primer lugar Pérez Rubalcaba hizo alusión al discurso pronunciado por Luis Gómez Llorente, diputado del PSOE que defendió la posición del partido en relación a los artículos 1 y 2 de la Constitución de 1978:
“Al asumir este Parlamento la expresión de la soberanía del pueblo y proceder a elaborar la nueva Constitución que en su día sea sometida al refrendo popular asumimos la obligación de replantear todas las Instituciones básicas de nuestro sistema político sin excepción alguna. Incluso la forma política del Estado y la figura del Jefe del Estado, porque sería de todo punto incompatible con la soberanía que por delegación del pueblo ostentan las Cortes Constituyentes que ninguna Institución se hurtara a sus facultades.”
De esto se desprende, de acuerdo con Pérez Rubalcaba, que la legitimidad de la Monarquía viene de las Cortes Constituyentes, es decir, del pueblo español que las ha elegido libremente, de la Soberanía Popular.
Durante la Transición, el PSOE apuntó que si aceptaban la Monarquía ésta debería ser democrática. Juan Carlos I renunció a los poderes absolutos que Franco le había dado para convertir a España en una democracia constitucional.
Por otro lado, Gómez Llorente también defendió la República:
“El PSOE fue en primer lugar republicano, y baluarte de la República, cuando no hubo otra forma de asegurar la soberanía popular, la honestidad política y, en definitiva, el imperio de la ley unido a la eficacia de la gestión.”
Aunque se declaraba, por tanto, republicano, también lo hizo compatible con la Monarquía si se cumplían ciertas condiciones
“en cuanto puede albergar razonables esperanzas en que sean compatibles la Corona y la democracia, en que la Monarquía se asiente y se imbrique como pieza de una Constitución que sea susceptible de un uso alternativo por los Gobiernos de derecha o de izquierda que el pueblo determine a través del voto y que viabilice la autonomía de las nacionalidades y las regiones diferenciadas que integran el Estado.”
Pérez Rubalcaba pasó a hacer balance, después, de los 40 años de democracia, 40 años de “historia de paz y convivencia, gracias a que Juan Carlos ha cumplido con lo que los socialistas pusieron como condición”.
En segundo lugar, Pérez Rubalcaba habló de la Constitución y de su necesidad de ser reformada para hacer así frente a las tres crisis de nuestro país, económica, territorial y política. Esta reforma debería asegurar a los españoles que no se van a poner en riesgo sus derechos, como la sanidad universal. Y es que “para hacer reformas políticas profundas hay que cambiar la Constitución”.
En cuanto a la crisis territorial, acelerada por la crisis económica, tiene, de acuerdo con Rubalcaba, dos tensiones, por un lado, los que creen que hay que recentralizar competencias, y por otro, los que quieren ir “más lejos” en el Estado de las Autonomías”. Rubalcaba es partidario de “completar el carácter federal de nuestra Constitución, si bien, no ser un estado federal”.
Seguidamente habló de Cataluña, y explicó que el problema se ha aglutinado en torno al “derecho a decidir”, porque en realidad hablan de “derecho de autodeterminación” que se trata de que “unos pocos deciden sobre todos”.
Pérez Rubalcaba cree que hay coas que “no se han hecho bien” y es por esto que hay que cambiar las reglas del juego, si bien hay que “cumplir la ley ante todo, y sobre todo”, ya que la democracia se basa en la Constitución y en el Estatuto, y pueden cambiarse, pero de acuerdo con las leyes.
Para terminar, concluyó que los socialistas y la Monarquía han tenido una relación positiva para el conjunto de los españoles que han vivido 40 años de estabilidad. Por último citó a Fusi, “para la democracia la Monarquía fue en 1931 el problema, y en 1975 la solución”.
26 de abril de 2017
Enrique Álvarez Conde comenzó su ponencia diciendo que “la Constitución Española dice que la forma del Estado es la Monarquía Parlamentaria, no la Monarquía, sino un tipo concreto de Monarquía”.
¿Qué es Monarquía Parlamentaria entonces? Es una Monarquía Constitucional y además, parlamentaria, es decir, el rey sólo tiene las atribuciones que dice la Constitución Española, no tiene ningún poder de discrecionalidad, todos sus actos son debidos y, dice Álvarez Conde “si alguno hay que no lo es hay que interpretarlo como actos debidos de ley”. También añade que nuestro rey tiene muchas menos competencias que un presidente de una República y muchas menos que cualquier monarca constitucional europeo.
La Monarquía Inglesa, apunta Álvarez Conde, “técnicamente no es constitucional porque existe la prerrogativa regia, pero la reina no las utiliza”, en relación a la Constitución holandesa, ésta habla del rey y de sus ministros.
La posición del rey en España está desarrollada en el Art. 56 de la CE, y es una posición arbitral y moderadora de las instituciones. Sobre la función arbitral hay dos tesis, una es la de Herrero de Miñón y la otra la que dice que el Rey ejerce únicamente a través de las competencias que le da la CE en el art. 62, en ningún caso cabe una cláusula residual.
“El rey que no puede hacer mal tiene derecho a animar, a advertir y a ser consultado”, pensamiento de un autor de finales del siglo XVIII vendría a definir, de acuerdo con Álvarez Conde, la función arbitral del monarca.
El ponente apuntó que la CE posee algunos anacronismos que serían susceptible de cambios, como es la prevalencia del hombre a la mujer, los consortes o el tema de la inviolabilidad del rey, en todos los asuntos, tanto los públicos como los privados.
Para Álvarez Conde no existe una separación de poderes, nunca ha existido, únicamente hay una colaboración de poderes. ¿Quiere esto decir que hay un deber jurídico de colaboración de poderes? Álvarez Conde cree que no, además, en España no hay una cultura de pactos de colaboración, y si no hay una cultura de pactos tampoco hay una cultura de reforma de la Constitución, es el país que menos reformas ha hecho, cuando Alemania, Francia y el resto han reformado el texto constitucional en 40 o 50 ocasiones.
También se habló de los partidos político, y como estos muestran el pluralismo, pero no detentan el monopolio del pluralismo ya que hay otros entes que también expresan pluralismo, como los sindicatos, los grupos de presión… Estos últimos no pretenden conquistar el poder sino influir en las decisiones del poder en función de sus intereses respectivos, y en algunos países son mucho más importantes que los partidos.
La existencia de estos grupos plantea otra idea importante, la de contrapoder. La colaboración de poderes solo es posible cuando hay un sistema de partidos en el cual el partido no tiene la mayoría absoluta, ya que si la tiene controla al resto de los poderes y, por tanto, no hay división de poderes sino concentración de poder en un brazo.
Una monarquía parlamentaria funciona mejor cuando no hay un sistema de partidos donde un solo partido tiene la mayoría absoluta, y eso no es algo que haya sucedido siempre en este país apunta Álvarez Conde. Es en estos momentos donde nadie tiene la mayoría, donde la exigencia de colaboración de poderes tiene que hacerse más evidente. Una sociedad donde no hay contrapoderes es, de acuerdo con el ponente “una sociedad muerta”.
El rey, sin embargo, nunca puede actuar de contrapoder, los contrapoderes pueden existir en el ámbito institucional o de la sociedad civil, un juez, el Tribunal Constitucional… Ejemplos en la sociedad civil, serían El Cuarto Poder, es decir, los Medios De Comunicación Social, el Colegio de Abogados, las ONGs… El juego de poderes y contrapoderes, por su parte, es lo que caracteriza a un sistema democrático. Cuando no existe “es cuando un país aunque formalmente sea democrático deja mucho que desear y puede que su constitución normativa se convierta en una semántica o nominal, y estamos en ese momento en España.”
El rey es el árbitro y moderador de las instituciones, y para ello tiene unas competencias definidas en el Art 62. El rey es la persona mejor persona informada del país, porque recibe a todos los partidos, gente de la sociedad civil… en las audiencias oficiales un grado muy elevado de 70/80% son de integrantes de la sociedad civil, es decir, los que pueden ser contrapoderes.
Álvarez Conde lanza la pregunta de por qué en el G20 de las mujeres, estaba la Reina de Holanda y no la de España. Esto es porque en Holanda la monarquía es una constitucional y ejerce las relaciones no solo con los partidos políticos sino con la sociedad civil y esa dimensión de la Monarquía relacionada con la ciudadanía no está estudiada en España. Otra de las competencias es la relacionada con el art. 99 -en 2016- cuando un candidato a presidente no ha conseguido la confianza de la cámara, el ponente dice que “los periodistas han escrito ríos de tinta con cosas mal, porque el Rey ha tenido un comportamiento exquisito. El problema es la regulación del tema, que está mal”.
¿Qué sucede en las monarquías de tradición histórica, Inglaterra, Holanda…? Que esa competencia formalmente la tiene el monarca, pero designa a un informador para que sea el encargado de darle al monarca la solución gubernamental. ¿Por qué no se ha hecho en España? ¿a quien nombramos informador? En estos países suele ser el presidente del Congreso pero aquí no se podría ya que no es objetivo. Sería fácil cuando hay mayoría absoluta ser informador y ser neutral, pero ¿qué pasa cuando hay 137 votos? Se pregunta el ponente. En consecuencia, Álvarez Conde cree que el Art. 99 “debe ser objeto de reforma, para evitar problemas hay que privar al rey de esa competencia, debe nombrar pero no designar al candidato”.
El ponente subrayó que últimamente se hablaba mucho del principio democrático y que “se le atribuyen unas características que hacen temblar, lo que decide la mayoría” no puede ser preceptivo siempre ya que, ¿Qué sucedería si la mayoría del pueblo “nos volvemos locos y decimos que la igualdad no existe, o abolir los derechos fundamentales? No todo vale”. Todos los poderes públicos deben racionalizarse y adecuarse en la medida de lo posible a lo que es el principio democrático, “o a lo que deber ser, porque el TC todavía no lo ha dicho y lo que ha dicho lo ha dicho mal.”
“¿Por ser hereditarita la monarquía no es democrática? No”, pero en el funcionamiento de la monarquía sí que se debe, a su juicio, adaptar al principio democrático. ¿Cómo? A través de las relaciones de la monarquía con los integrantes de la sociedad civil. Aunque debería haber también otras manifestaciones.
Para terminar, trató el tema de los aforamientos y Álvarez Conde expresó que debe haber personas aforadas, pero no tantas como las que hay en la actualidad. La Familia Real sí que debe estar aforada, a su juicio, ya que, sino cualquier juez podría, para adquirir notoriedad, meter a la cárcel al rey, al presidente del gobierno y la estabilidad de la monarquía y de las instituciones se pondría en entredicho.
A modo de conclusión, y en palabras de Álvarez Conde, “la forma de estado es la Monarquía Parlamentaria, no la forma de gobierno, el rey no es el jefe del poder ejecutivo. Es una institución que impregna todo el Estado y hoy en día no es un Estado simple sino compuesto, pues Estado es la Administración General del Estado, también las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. Todos son el estado español y al ser una organización compleja quiere decir que las categorías clásicas no sirvan. Hay soberanía, pero no hay soberano.”
Enrique Álvarez Conde comenzó su ponencia diciendo que “la Constitución Española dice que la forma del Estado es la Monarquía Parlamentaria, no la Monarquía, sino un tipo concreto de Monarquía”.
¿Qué es Monarquía Parlamentaria entonces? Es una Monarquía Constitucional y además, parlamentaria, es decir, el rey sólo tiene las atribuciones que dice la Constitución Española, no tiene ningún poder de discrecionalidad, todos sus actos son debidos y, dice Álvarez Conde “si alguno hay que no lo es hay que interpretarlo como actos debidos de ley”. También añade que nuestro rey tiene muchas menos competencias que un presidente de una República y muchas menos que cualquier monarca constitucional europeo.
La Monarquía Inglesa, apunta Álvarez Conde, “técnicamente no es constitucional porque existe la prerrogativa regia, pero la reina no las utiliza”, en relación a la Constitución holandesa, ésta habla del rey y de sus ministros.
La posición del rey en España está desarrollada en el Art. 56 de la CE, y es una posición arbitral y moderadora de las instituciones. Sobre la función arbitral hay dos tesis, una es la de Herrero de Miñón y la otra la que dice que el Rey ejerce únicamente a través de las competencias que le da la CE en el art. 62, en ningún caso cabe una cláusula residual.
“El rey que no puede hacer mal tiene derecho a animar, a advertir y a ser consultado”, pensamiento de un autor de finales del siglo XVIII vendría a definir, de acuerdo con Álvarez Conde, la función arbitral del monarca.
El ponente apuntó que la CE posee algunos anacronismos que serían susceptible de cambios, como es la prevalencia del hombre a la mujer, los consortes o el tema de la inviolabilidad del rey, en todos los asuntos, tanto los públicos como los privados.
Para Álvarez Conde no existe una separación de poderes, nunca ha existido, únicamente hay una colaboración de poderes. ¿Quiere esto decir que hay un deber jurídico de colaboración de poderes? Álvarez Conde cree que no, además, en España no hay una cultura de pactos de colaboración, y si no hay una cultura de pactos tampoco hay una cultura de reforma de la Constitución, es el país que menos reformas ha hecho, cuando Alemania, Francia y el resto han reformado el texto constitucional en 40 o 50 ocasiones.
También se habló de los partidos político, y como estos muestran el pluralismo, pero no detentan el monopolio del pluralismo ya que hay otros entes que también expresan pluralismo, como los sindicatos, los grupos de presión… Estos últimos no pretenden conquistar el poder sino influir en las decisiones del poder en función de sus intereses respectivos, y en algunos países son mucho más importantes que los partidos.
La existencia de estos grupos plantea otra idea importante, la de contrapoder. La colaboración de poderes solo es posible cuando hay un sistema de partidos en el cual el partido no tiene la mayoría absoluta, ya que si la tiene controla al resto de los poderes y, por tanto, no hay división de poderes sino concentración de poder en un brazo.
Una monarquía parlamentaria funciona mejor cuando no hay un sistema de partidos donde un solo partido tiene la mayoría absoluta, y eso no es algo que haya sucedido siempre en este país apunta Álvarez Conde. Es en estos momentos donde nadie tiene la mayoría, donde la exigencia de colaboración de poderes tiene que hacerse más evidente. Una sociedad donde no hay contrapoderes es, de acuerdo con el ponente “una sociedad muerta”.
El rey, sin embargo, nunca puede actuar de contrapoder, los contrapoderes pueden existir en el ámbito institucional o de la sociedad civil, un juez, el Tribunal Constitucional… Ejemplos en la sociedad civil, serían El Cuarto Poder, es decir, los Medios De Comunicación Social, el Colegio de Abogados, las ONGs… El juego de poderes y contrapoderes, por su parte, es lo que caracteriza a un sistema democrático. Cuando no existe “es cuando un país aunque formalmente sea democrático deja mucho que desear y puede que su constitución normativa se convierta en una semántica o nominal, y estamos en ese momento en España.”
El rey es el árbitro y moderador de las instituciones, y para ello tiene unas competencias definidas en el Art 62. El rey es la persona mejor persona informada del país, porque recibe a todos los partidos, gente de la sociedad civil… en las audiencias oficiales un grado muy elevado de 70/80% son de integrantes de la sociedad civil, es decir, los que pueden ser contrapoderes.
Álvarez Conde lanza la pregunta de por qué en el G20 de las mujeres, estaba la Reina de Holanda y no la de España. Esto es porque en Holanda la monarquía es una constitucional y ejerce las relaciones no solo con los partidos políticos sino con la sociedad civil y esa dimensión de la Monarquía relacionada con la ciudadanía no está estudiada en España. Otra de las competencias es la relacionada con el art. 99 -en 2016- cuando un candidato a presidente no ha conseguido la confianza de la cámara, el ponente dice que “los periodistas han escrito ríos de tinta con cosas mal, porque el Rey ha tenido un comportamiento exquisito. El problema es la regulación del tema, que está mal”.
¿Qué sucede en las monarquías de tradición histórica, Inglaterra, Holanda…? Que esa competencia formalmente la tiene el monarca, pero designa a un informador para que sea el encargado de darle al monarca la solución gubernamental. ¿Por qué no se ha hecho en España? ¿a quien nombramos informador? En estos países suele ser el presidente del Congreso pero aquí no se podría ya que no es objetivo. Sería fácil cuando hay mayoría absoluta ser informador y ser neutral, pero ¿qué pasa cuando hay 137 votos? Se pregunta el ponente. En consecuencia, Álvarez Conde cree que el Art. 99 “debe ser objeto de reforma, para evitar problemas hay que privar al rey de esa competencia, debe nombrar pero no designar al candidato”.
El ponente subrayó que últimamente se hablaba mucho del principio democrático y que “se le atribuyen unas características que hacen temblar, lo que decide la mayoría” no puede ser preceptivo siempre ya que, ¿Qué sucedería si la mayoría del pueblo “nos volvemos locos y decimos que la igualdad no existe, o abolir los derechos fundamentales? No todo vale”. Todos los poderes públicos deben racionalizarse y adecuarse en la medida de lo posible a lo que es el principio democrático, “o a lo que deber ser, porque el TC todavía no lo ha dicho y lo que ha dicho lo ha dicho mal.”
“¿Por ser hereditarita la monarquía no es democrática? No”, pero en el funcionamiento de la monarquía sí que se debe, a su juicio, adaptar al principio democrático. ¿Cómo? A través de las relaciones de la monarquía con los integrantes de la sociedad civil. Aunque debería haber también otras manifestaciones.
Para terminar, trató el tema de los aforamientos y Álvarez Conde expresó que debe haber personas aforadas, pero no tantas como las que hay en la actualidad. La Familia Real sí que debe estar aforada, a su juicio, ya que, sino cualquier juez podría, para adquirir notoriedad, meter a la cárcel al rey, al presidente del gobierno y la estabilidad de la monarquía y de las instituciones se pondría en entredicho.
A modo de conclusión, y en palabras de Álvarez Conde, “la forma de estado es la Monarquía Parlamentaria, no la forma de gobierno, el rey no es el jefe del poder ejecutivo. Es una institución que impregna todo el Estado y hoy en día no es un Estado simple sino compuesto, pues Estado es la Administración General del Estado, también las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. Todos son el estado español y al ser una organización compleja quiere decir que las categorías clásicas no sirvan. Hay soberanía, pero no hay soberano.”
19 de abril de 2017
Pedro González-Trevijano comenzó su ponencia subrayando que la Constitución de 1978 acoge el principio de separación de poderes, ya que sin esto su ponencia carecería de sentido.
Este principio, explicó González-Trevijano, se formula en los siglos XVI y XVII con Locke, en su segundo ensayo sobre el gobierno de los pueblos, aunque la formulación más clásica será al hilo de la obra Montesquieu “El espíritu de las leyes”, autor para el que la función más relevante es la que realiza el legislativo y la menos importante la del judicial.
Si nos acercamos a la Constitución española observamos que este principio clásico, no está explícitamente, si bien sí aparece en los debates constituyentes. Tampoco hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aunque sí que se habla de la independencia del poder judicial. A continuación, González-Trevijano explicó la relación de la Monarquía con cada uno de los poderes clásicos.
EL PODER JUDICIAL Y LA MONARQUÍA
El Título VI de la Constitución está dedicado al Poder Judicial, y éste no es casualidad, sino que los constituyentes quisieron resaltar su importancia, “el tener un sistema judicial independiente es la mejor piedra de toque de un sistema democrático” concluye Gónzalez-Trevijano.
A parte de los tres poderes clásicos, el Magistrado añade dos más, el poder moderador, representado por el Rey y el poder corrector, esto es, el del Tribunal Constitucional. Con esto vemos que la Constitución de 1978 va más allá de la separación clásica.
Siendo esto así, ¿en qué consiste la Monarquía? Este poder moderador, que se regula en el Título II, es un auténtico órgano constitucional y es esencial para la comprensión del sistema político y debe considerarse siempre en relaciones de paridad con el resto de órganos del estado, no está sujeto a ninguno de ellos. Este poder moderador tiene su precedente en Francia en 1830 cuando aparece un poder neutral, moderador, más allá de las cuestiones políticas, con la denominación de Monarquía Parlamentaria en el que Parlamentaria es un adjetivo sustantivo.
En una Monarquía Parlamentaria el rey ha ido perdiendo los poderes que tenía en el Ancien Régime, ya no tiene poderes legislativos ni hace propuestas legislativas, así como tampoco participa en la elección de los jueces. Al rey le quedan, únicamente los poderes que se recogen en el Art. 56 de la norma constitucional. Este artículo se concreta difícilmente.
El Rey tiene muy pocas competencias en este poder, únicamente de carácter simbólico ya que “se administra justicia en nombre del rey”, pero es una formulación ritual. También el Rey nombra a los miembros de Consejo General del Poder Judicial, institución que se inspiró en la Constitución Italiana de 1947, esto también es un acto debido. En cuanto al Derecho de Gracia, antes estaba unido al rey, aunque hoy en día únicamente al gobierno y con límites, ya que no hay indultos.
EL PODER EJECUTIVO Y LA MONARQUÍA
En cuanto a la relación del poder ejecutivo y la Monarquía, el ponente enumeró los siguientes casos:
1º Tradicionalmente es el poder que ha estado más cercano al rey. En las constituciones más clásicas, como el Estatuto de Bayona, la de 1834 y la de 1845, no hay una enunciación expresa del gobierno porque el gobierno está tapado por la figura del jefe del estado. Esta relación del poder moderador con el poder ejecutivo se visualiza en diferentes ámbitos, en el nombramiento del gobierno: 1) Del presidente en el que hay dos formas, una ordinaria y otra extraordinaria. En la ordinaria se designa presidente después de las elecciones, renuncia, dimisión o fallecimiento o de acuerdo con el Art. 112 de la CE, cuando se pierde una Cuestión de Confianza. El acto de designación en el BOE es por el rey, pero es de obligación. En cuanto al extraordinario, a diferencia del anterior, consiste en el cambio que se produce cuando triunfa una Moción de Censura; 2) de los ministros del gabinete. También le corresponde el cese del presidente y de los ministros, de acuerdo con un criterio general.
2º Derecho del Rey a ser informado de los asuntos del estado, que se materializó primero en la II República con Largo Caballero, y desde entonces ha estado reconocido.
3ª Derecho del Rey a acudir al parlamento cuando así lo estime el Presidente del Gobierno. Son invitaciones de carácter formal y simbólico
4º Ejercicio de la potestad jurídica del gobierno (Decreto Ley y Decretos legislativos) aunque el autor material no es el Rey, solo los sanciona
5º Atribuir las facultades de los empleos civiles y militares, también competencia formal
6º Por carácter tradicional, aquellas relaciones vinculadas ius legationis, embajadores, convenios internacionales con otros países…
7º La más compleja, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas
8º Todas las Leyes aprobadas por las Cortes Generales tienen que ser sancionadas por el Jefe del Estado
EL PODER LEGISLATIVO Y LA MONARQUÍA
1º Convocatoria de las elecciones a Cortes Generales, está sancionada por el Rey aunque viene del Presidente del Gobierno
2º Derecho de disolución de las Cámaras
3º Nombramiento de los Magistrados del Tribunal Constitucional
Pedro González-Trevijano comenzó su ponencia subrayando que la Constitución de 1978 acoge el principio de separación de poderes, ya que sin esto su ponencia carecería de sentido.
Este principio, explicó González-Trevijano, se formula en los siglos XVI y XVII con Locke, en su segundo ensayo sobre el gobierno de los pueblos, aunque la formulación más clásica será al hilo de la obra Montesquieu “El espíritu de las leyes”, autor para el que la función más relevante es la que realiza el legislativo y la menos importante la del judicial.
Si nos acercamos a la Constitución española observamos que este principio clásico, no está explícitamente, si bien sí aparece en los debates constituyentes. Tampoco hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aunque sí que se habla de la independencia del poder judicial. A continuación, González-Trevijano explicó la relación de la Monarquía con cada uno de los poderes clásicos.
EL PODER JUDICIAL Y LA MONARQUÍA
El Título VI de la Constitución está dedicado al Poder Judicial, y éste no es casualidad, sino que los constituyentes quisieron resaltar su importancia, “el tener un sistema judicial independiente es la mejor piedra de toque de un sistema democrático” concluye Gónzalez-Trevijano.
A parte de los tres poderes clásicos, el Magistrado añade dos más, el poder moderador, representado por el Rey y el poder corrector, esto es, el del Tribunal Constitucional. Con esto vemos que la Constitución de 1978 va más allá de la separación clásica.
Siendo esto así, ¿en qué consiste la Monarquía? Este poder moderador, que se regula en el Título II, es un auténtico órgano constitucional y es esencial para la comprensión del sistema político y debe considerarse siempre en relaciones de paridad con el resto de órganos del estado, no está sujeto a ninguno de ellos. Este poder moderador tiene su precedente en Francia en 1830 cuando aparece un poder neutral, moderador, más allá de las cuestiones políticas, con la denominación de Monarquía Parlamentaria en el que Parlamentaria es un adjetivo sustantivo.
En una Monarquía Parlamentaria el rey ha ido perdiendo los poderes que tenía en el Ancien Régime, ya no tiene poderes legislativos ni hace propuestas legislativas, así como tampoco participa en la elección de los jueces. Al rey le quedan, únicamente los poderes que se recogen en el Art. 56 de la norma constitucional. Este artículo se concreta difícilmente.
El Rey tiene muy pocas competencias en este poder, únicamente de carácter simbólico ya que “se administra justicia en nombre del rey”, pero es una formulación ritual. También el Rey nombra a los miembros de Consejo General del Poder Judicial, institución que se inspiró en la Constitución Italiana de 1947, esto también es un acto debido. En cuanto al Derecho de Gracia, antes estaba unido al rey, aunque hoy en día únicamente al gobierno y con límites, ya que no hay indultos.
EL PODER EJECUTIVO Y LA MONARQUÍA
En cuanto a la relación del poder ejecutivo y la Monarquía, el ponente enumeró los siguientes casos:
1º Tradicionalmente es el poder que ha estado más cercano al rey. En las constituciones más clásicas, como el Estatuto de Bayona, la de 1834 y la de 1845, no hay una enunciación expresa del gobierno porque el gobierno está tapado por la figura del jefe del estado. Esta relación del poder moderador con el poder ejecutivo se visualiza en diferentes ámbitos, en el nombramiento del gobierno: 1) Del presidente en el que hay dos formas, una ordinaria y otra extraordinaria. En la ordinaria se designa presidente después de las elecciones, renuncia, dimisión o fallecimiento o de acuerdo con el Art. 112 de la CE, cuando se pierde una Cuestión de Confianza. El acto de designación en el BOE es por el rey, pero es de obligación. En cuanto al extraordinario, a diferencia del anterior, consiste en el cambio que se produce cuando triunfa una Moción de Censura; 2) de los ministros del gabinete. También le corresponde el cese del presidente y de los ministros, de acuerdo con un criterio general.
2º Derecho del Rey a ser informado de los asuntos del estado, que se materializó primero en la II República con Largo Caballero, y desde entonces ha estado reconocido.
3ª Derecho del Rey a acudir al parlamento cuando así lo estime el Presidente del Gobierno. Son invitaciones de carácter formal y simbólico
4º Ejercicio de la potestad jurídica del gobierno (Decreto Ley y Decretos legislativos) aunque el autor material no es el Rey, solo los sanciona
5º Atribuir las facultades de los empleos civiles y militares, también competencia formal
6º Por carácter tradicional, aquellas relaciones vinculadas ius legationis, embajadores, convenios internacionales con otros países…
7º La más compleja, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas
8º Todas las Leyes aprobadas por las Cortes Generales tienen que ser sancionadas por el Jefe del Estado
EL PODER LEGISLATIVO Y LA MONARQUÍA
1º Convocatoria de las elecciones a Cortes Generales, está sancionada por el Rey aunque viene del Presidente del Gobierno
2º Derecho de disolución de las Cámaras
3º Nombramiento de los Magistrados del Tribunal Constitucional
5 de abril de 2017
Existe una visión muy estereotipada del fenómeno monárquico, incluso por gente cercana a la monarquía. Esas visiones se quedan en la superficie, e impiden que se haga un análisis a fondo de la forma del Estado. Esto también se manifiesta en la falta de interés en el estudio de la institución (tanto académico como fuera de este ámbito).
La conclusión que podemos sacar es penosa. La Monarquía se ve como algo simpático, pero pasado de moda y sin interés.
Atendiendo a la experiencia española, acercándonos con ánimo de entender los estereotipos que existen sobre la Monarquía, muchos de ellos tienen mucho que ver con la historia reciente de España. Ha habido dos periodos republicanos y dos restauraciones. La Primera República llego con ilusión, pero duro menos de un año y gastó a cuatro presidentes. Después de ese desastre, llegó una restauración que duró diez años y fue extraordinariamente exitosa. España tuvo por primera vez, en ese periodo, una sociedad burguesa, alternancia política, prensa libre… e incluso ciencia.
Después entramos en otro ciclo, con la dictadura de Primo de Rivera, y que culmina con la Segunda República, que fue todavía peor que la anterior. Después de la dictadura llegó otro periodo de restauración, que ha dado un resultado positivo hasta ahora.
Los españoles, según las encuestas, no son totalmente republicanos, pero no son monárquicos. Los datos que tenemos son los siguientes: a lo largo de los 80 y 90, la valoración del Rey ha sido siempre superior a la de cualquier líder político. Es evidente que la popularidad de la institución cayó en la última etapa del Rey Juan Carlos, bajando del 4 sobre 10 en 2014, y subiendo ligeramente en 2015. Pero en esa etapa todas las instituciones cayeron en legitimidad. El Rey también cae por errores suyos, pero aun así se mantiene por encima de los políticos.
Más de dos tercios de los españoles se decantaban por la Monarquía Parlamentaria. Hasta el año 2005, el 52% de los jóvenes preferían la Monarquía Parlamentaria. El Rey Juan Carlos consigue asentar una credibilidad grande en la Monarquía, aunque luego se debilitó.
Estos datos no deberían sorprendernos, porque en todos los países monárquicos hay minorías (en algunos casos muy significativas) que son claramente republicanas. Cuando se pregunta a la gente que prefiere una república el porqué de su decisión, dan tres razones: la república es más democrática, más barata y más moderna.
¿En qué medida son ciertos estos argumentos? Sobre el coste de la Monarquía contamos con tres fuentes de datos recientes. La primera estimación del coste per capita que se presenta es de 2012, y la Monarquía española es, con diferencia, la más barata, lejos de los costes de la británica o la belga. La segunda fuente es de 2013, y conducen a un resultado similar.
Otra fuente más reciente, de 2016, vuelve a ofrecer la misma conclusión. Aunque las tres fuentes sean discutibles, muestran que las Monarquías no son más caras que las Repúblicas. Hay Jefaturas de Estado republicanas más caras que otras monárquicas y viceversa.
También se afirma que la Monarquía es algo viejo. En el mundo no hay más de una docena de Monarquías Parlamentarias democráticas, si eliminamos las dependientes del Reino Unido, y si eliminamos países muy pequeños como Belice o Camboya. Tomando el índice de democracia de The Economist Intelligence Unit, en el mundo solo habría 19 democracias completas, 57 incompletas, 40 en híbridos y 51 autoritarias.
Esos 19 países de democracias puras, hay ocho Monarquías. Los datos son sorprendentes, y analizando el PIB per cápita, ocurre lo mismo.
La conclusión es que estos países monárquicos son de los mejores del mundo. Así que quien piense que Monarquía y democracia son incompatibles debería hacérselo ver. Quien piense que es algo antiguo también deberían revisarlo, porque muchos países que están a la vanguardia son Monarquías parlamentarias.
Cabe preguntarse algo más. ¿Molestan o ayudan las Monarquías a la democracia? ¿Ofrecen algún beneficio especial las Monarquías? En el peor de los casos se dice que no molesta, pero eso va en contra de lo que sabemos sobre la importancia de las instituciones. No es creíble que haya una institución sin influencia, sino que cabe sospechar que la Monarquía Parlamentaria aporta elementos diferenciadores al sistema democrático.
La razón de esto puede estar en aquello por lo que se le critica: su no dependencia de procesos electorales. Eso es, contraintuitivamente, algo muy positivo. El no ser elegido puede ser su mayor ventaja.
Argumentos que defienden esta tesis:
La primera es el papel del Rey como símbolo de unidad y permanencia de la nación. ¿Un monarca puede ejercerlo mejor que un presidente elegido? La capacidad integradora de la corona es claramente mayor, pues el Presidente ha sido siempre elegido por unos partidos contra otros.
Hay que añadir otros elementos a esta dimensión unificadora. Un Rey y una Reina condensa toda la historia de la nación. En esta capacidad de representación hay que destacar el papel de la familia real que es muy relevante. Nos encontramos con el papel de la familia real como algo unificador.
La representación simbólica que otorga la legitimidad es muy superior. No solo representan la España contemporánea, sino la España de Felipe II, de Carlos III… Además, nadie conoce al presidente del gobierno fuera de la Península Ibérica, pero todo el mundo conoce al Rey. Eso, como marca, aporta un valor añadido.
Los monarcas duran muchos años. El Rey Juan Carlos conoció a siete Presidentes de Estados Unidos, y su agenda de contactos es de las mejores del mundo. Es un embajador excepcional. El 78% de los españoles afirma que la Monarquía aporta una buena imagen de España en el plano internacional.
El apartidismo. El rey es un árbitro, no un jugador. Está constitucionalmente excluido de la lucha por el poder.
El apoliticismo o suprapoliticismo. Frente a un Rey, el Presidente se siente un ocupa, se siente un ser transitorio. La continuidad del sistema la da el monarca, no el Presidente. Esto tiene una importante consecuencia: en las Monarquías Constitucionales los cambios de Gobierno se deben usualmente a elecciones, y no a maniobras en la sombra entre un Primer Ministro y un Presidente de la República.
Otra consecuencia es que el apoyo del Rey tiene una gran transversalidad, no se circunscribe ni a una generación ni a una ideología.
Finalmente, el último argumento es el interés personal en el largo plazo. En las democracias usuales todo se juega en el corto plazo (como máximo, se piensa en dos legislaturas). Cuando una democracia quiere asegurar esa estabilidad, acude al cargo vitalicio (como ocurre en la Corte Suprema de EE.UU.).
Como se ha tratado de argumentar, se puede defender la legitimidad de la Monarquía de una manera fría, sin ser monárquico y sin apelar a las tradiciones.
Existe una visión muy estereotipada del fenómeno monárquico, incluso por gente cercana a la monarquía. Esas visiones se quedan en la superficie, e impiden que se haga un análisis a fondo de la forma del Estado. Esto también se manifiesta en la falta de interés en el estudio de la institución (tanto académico como fuera de este ámbito).
La conclusión que podemos sacar es penosa. La Monarquía se ve como algo simpático, pero pasado de moda y sin interés.
Atendiendo a la experiencia española, acercándonos con ánimo de entender los estereotipos que existen sobre la Monarquía, muchos de ellos tienen mucho que ver con la historia reciente de España. Ha habido dos periodos republicanos y dos restauraciones. La Primera República llego con ilusión, pero duro menos de un año y gastó a cuatro presidentes. Después de ese desastre, llegó una restauración que duró diez años y fue extraordinariamente exitosa. España tuvo por primera vez, en ese periodo, una sociedad burguesa, alternancia política, prensa libre… e incluso ciencia.
Después entramos en otro ciclo, con la dictadura de Primo de Rivera, y que culmina con la Segunda República, que fue todavía peor que la anterior. Después de la dictadura llegó otro periodo de restauración, que ha dado un resultado positivo hasta ahora.
Los españoles, según las encuestas, no son totalmente republicanos, pero no son monárquicos. Los datos que tenemos son los siguientes: a lo largo de los 80 y 90, la valoración del Rey ha sido siempre superior a la de cualquier líder político. Es evidente que la popularidad de la institución cayó en la última etapa del Rey Juan Carlos, bajando del 4 sobre 10 en 2014, y subiendo ligeramente en 2015. Pero en esa etapa todas las instituciones cayeron en legitimidad. El Rey también cae por errores suyos, pero aun así se mantiene por encima de los políticos.
Más de dos tercios de los españoles se decantaban por la Monarquía Parlamentaria. Hasta el año 2005, el 52% de los jóvenes preferían la Monarquía Parlamentaria. El Rey Juan Carlos consigue asentar una credibilidad grande en la Monarquía, aunque luego se debilitó.
Estos datos no deberían sorprendernos, porque en todos los países monárquicos hay minorías (en algunos casos muy significativas) que son claramente republicanas. Cuando se pregunta a la gente que prefiere una república el porqué de su decisión, dan tres razones: la república es más democrática, más barata y más moderna.
¿En qué medida son ciertos estos argumentos? Sobre el coste de la Monarquía contamos con tres fuentes de datos recientes. La primera estimación del coste per capita que se presenta es de 2012, y la Monarquía española es, con diferencia, la más barata, lejos de los costes de la británica o la belga. La segunda fuente es de 2013, y conducen a un resultado similar.
Otra fuente más reciente, de 2016, vuelve a ofrecer la misma conclusión. Aunque las tres fuentes sean discutibles, muestran que las Monarquías no son más caras que las Repúblicas. Hay Jefaturas de Estado republicanas más caras que otras monárquicas y viceversa.
También se afirma que la Monarquía es algo viejo. En el mundo no hay más de una docena de Monarquías Parlamentarias democráticas, si eliminamos las dependientes del Reino Unido, y si eliminamos países muy pequeños como Belice o Camboya. Tomando el índice de democracia de The Economist Intelligence Unit, en el mundo solo habría 19 democracias completas, 57 incompletas, 40 en híbridos y 51 autoritarias.
Esos 19 países de democracias puras, hay ocho Monarquías. Los datos son sorprendentes, y analizando el PIB per cápita, ocurre lo mismo.
La conclusión es que estos países monárquicos son de los mejores del mundo. Así que quien piense que Monarquía y democracia son incompatibles debería hacérselo ver. Quien piense que es algo antiguo también deberían revisarlo, porque muchos países que están a la vanguardia son Monarquías parlamentarias.
Cabe preguntarse algo más. ¿Molestan o ayudan las Monarquías a la democracia? ¿Ofrecen algún beneficio especial las Monarquías? En el peor de los casos se dice que no molesta, pero eso va en contra de lo que sabemos sobre la importancia de las instituciones. No es creíble que haya una institución sin influencia, sino que cabe sospechar que la Monarquía Parlamentaria aporta elementos diferenciadores al sistema democrático.
La razón de esto puede estar en aquello por lo que se le critica: su no dependencia de procesos electorales. Eso es, contraintuitivamente, algo muy positivo. El no ser elegido puede ser su mayor ventaja.
Argumentos que defienden esta tesis:
La primera es el papel del Rey como símbolo de unidad y permanencia de la nación. ¿Un monarca puede ejercerlo mejor que un presidente elegido? La capacidad integradora de la corona es claramente mayor, pues el Presidente ha sido siempre elegido por unos partidos contra otros.
Hay que añadir otros elementos a esta dimensión unificadora. Un Rey y una Reina condensa toda la historia de la nación. En esta capacidad de representación hay que destacar el papel de la familia real que es muy relevante. Nos encontramos con el papel de la familia real como algo unificador.
La representación simbólica que otorga la legitimidad es muy superior. No solo representan la España contemporánea, sino la España de Felipe II, de Carlos III… Además, nadie conoce al presidente del gobierno fuera de la Península Ibérica, pero todo el mundo conoce al Rey. Eso, como marca, aporta un valor añadido.
Los monarcas duran muchos años. El Rey Juan Carlos conoció a siete Presidentes de Estados Unidos, y su agenda de contactos es de las mejores del mundo. Es un embajador excepcional. El 78% de los españoles afirma que la Monarquía aporta una buena imagen de España en el plano internacional.
El apartidismo. El rey es un árbitro, no un jugador. Está constitucionalmente excluido de la lucha por el poder.
El apoliticismo o suprapoliticismo. Frente a un Rey, el Presidente se siente un ocupa, se siente un ser transitorio. La continuidad del sistema la da el monarca, no el Presidente. Esto tiene una importante consecuencia: en las Monarquías Constitucionales los cambios de Gobierno se deben usualmente a elecciones, y no a maniobras en la sombra entre un Primer Ministro y un Presidente de la República.
Otra consecuencia es que el apoyo del Rey tiene una gran transversalidad, no se circunscribe ni a una generación ni a una ideología.
Finalmente, el último argumento es el interés personal en el largo plazo. En las democracias usuales todo se juega en el corto plazo (como máximo, se piensa en dos legislaturas). Cuando una democracia quiere asegurar esa estabilidad, acude al cargo vitalicio (como ocurre en la Corte Suprema de EE.UU.).
Como se ha tratado de argumentar, se puede defender la legitimidad de la Monarquía de una manera fría, sin ser monárquico y sin apelar a las tradiciones.
29 de marzo de 2017
El gran problema de los filósofos actuales es la contemporaneidad: el saber qué importancia y qué consecuencias tendrá lo que está sucediendo. Ese problema de la vida contemporánea hace que todos los días veamos que los acontecimientos se caracterizan como históricos y fundamentales, pero en realidad son cosas triviales y ridículas. En este contexto, el debate sobre la monarquía es fundamental porque implica lo fundamental en un modelo democrático: la permanencia.
La razón de la monarquía es justamente la estabilidad de la política. Esa es la razón que avala la monarquía. El cambio sin razón ha sustituido la vieja idea de progreso, y se pide la desaparición de la monarquía a la ligera, y el progreso no es cambiar por cambiar. El progreso es la confianza en el ser humano y en el futuro. El juego “conservadores contra progresistas” no es correcto, porque el progreso no es necesariamente avanzar.
Albert Camus decía que el futuro no es crear un mundo nuevo, sino evitar que lo que tenemos entre manos desaparezca. Y nadie puede tachar a Camus como alguien conservador: fue profundamente democrático y profundamente humanista. Lo que argumentaba era que había que defender la democracia teniendo miedo a un progreso que avanzaba sin razón.
El problema que tenemos como españoles, como europeos y como seres humanos es la estabilidad de la democracia. En la política todo rezuma inestabilidad, cambio y riesgo. La situación es de tal calibre que no tenemos palabras para definir lo que está pasando y a todo le añadimos el prefijo post. La palabra postmodernidad es una palabra nueva, que indica que ya no estamos en la modernidad. Utilizamos un término negativo como posverdad para definir el presente: no sabemos lo que somos.
Hay un libro muy de moda que conviene releer aunque no se sea fanático de su autor: La rebelión de las masas de Ortega y Gasset. Ortega tiene muchos defectos, pero La rebelión de las masas es un libro contemporáneo, que describe a una sociedad no democrática, sino postdemocrática. Cada vez la retórica se impone a la lógica, y triunfan los eslóganes sobre los discursos. Las masas buscan algo que les dé sensación de seguridad.
En la democracia, cuando nosotros no hacemos las preguntas, se condicionan nuestras respuestas. El que hace la pregunta puede condicionar la respuesta. El derecho a decidir, por ejemplo, no es democrático. Porque en democracia no se decide: se acuerda. La democracia no es la decisión del más fuerte, sino el acuerdo. La democracia, nuestra democracia, es básicamente pluralista. El artículo 1.1 de la Constitución reconoce el pluralismo político, porque la democracia que conocemos es una democracia del disenso y la pluralidad. Sin embargo, antiguamente, la democracia de las ciudades estado conducían a la negación de la pluralidad.
Nuestra democracia, la moderna, es la primera en reconocer a los partidos políticos. El conflicto entre pluralidad y unidad lleva a sumir que hay que sacrificar la pluralidad a la unidad, y la mayoría debe dictar las normas a la minoría. Frente a esa idea de democracia está la que nosotros defendemos. El disenso permanente se convierte en acuerdo temporal con la base del debate. Desde ese acuerdo temporal se acaba llegando a un acuerdo estable sobre los temas fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. El día de las elecciones no acaba la política: es cuando empieza.
Sobre esto, tenemos que acotar el papel de la Monarquía, que es precisamente lo contrario. La Monarquía es, normalmente, el punto de referencia dentro del cual se produce el acuerdo dentro de una sociedad democrática. La Monarquía puede ser democrática o no serlo dependiendo de su legitimidad.
Nuestra Monarquía, según el art. 56 CE, se configura como un poder simbólico. El poder del Rey es un poder neutral. El papel de la Corona es un papel más formal que material. Todos sus actos son debidos y, para que tengan valor jurídico, se requiere que su firma vaya acompañada de la del Presidente del Gobierno, del Presidente del Congreso, o del Ministro competente en algunos casos.
El problema de la Constitución es que piensa más en los problemas del pasado que en los del futuro. Los hombres somos presa del pasado, y pocas veces tenemos la genialidad de comprender las necesidades de cara al futuro. Pero no es lo mismo un poder neutral que un poder neutralizado. Se discutió claramente entre la figura del monarca neutralizado (como es el rey de Suecia), que no tiene ninguna relevancia; y la de un rey que cumpliese el papel que cumplió la Monarquía a la hora de redactar la CE. Esta se redactó en el momento en que la Monarquía ya era una realidad, y los constituyentes fueron conscientes del papel que la institución había jugado en el proceso de elaboración del Texto.
Durante el 23-F la neutralidad del monarca permitió que la Constitución siguiera adelante. Por eso, un poder neutral tiene un papel: su función no es política, sino constitucional. La función del rey es la de lealtad a la Constitución. Su función es garantizar que la Constitución se cumple no solo en la letra, sino en su fondo. Por eso, su función es moral, ética, de ser el primer ciudadano. Debe dar ejemplo a las instituciones, a quienes las encarna y a los ciudadanos.
El papel del monarca en la vida democrática es, con su n poder, dar un ejemplo de ciudadanía. El rey es la primera magistratura, y tiene algo que es lo mas cotizado en una sociedad confusa: ser un referente a través del ejemplo. El ejemplo, hoy en día, es el único arbitro que nos da fuerza; en una sociedad donde hay debilidad en las ideas y una aparente fortaleza en la retórica.
Como ejemplo, que no es contemporáneo para no entrar en polémica, se puede poner sobre el TC. Hay quienes dicen que tiene un poder excesivo, pero lo que esta claro es que tiene un papel fundamental. La composición del TC ha estado en el aire durante grandes periodos de nuestra democracia. Y eso es no cumplir con la Constitución. Cada 9 años, los grupos no proponen nuevos miembros porque no tienen mayoría.
La Monarquía es una institución que, además de compatible con la democracia, puede colocar al Rey como juez y árbitro de esa democracia; siempre y cuando no tenga poder político. Si no hubiéramos tenido una Monarquía, hubiéramos tenido un problema con el art. 99 de la CE a la hora de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno el año pasado. Si el Jefe de Estado hubiera estado adscrito a un partido, se hubiera considerado parte en el asunto.
Por eso, el árbitro debe estar por encima de la política y tener estabilidad. Y eso puede hacerlo un monarca. ¿Es compatible la democracia con el carácter no electivo de la democracia? Desde una perspectiva práctica, sí. Se dice que la esencia de la Monarquía es la herencia… Pero yo les digo que no. La herencia es una consecuencia de la esencia de la Monarquía. El elemento último no es la herencia, pues hay reyes que son elegidos, como el Papa; y en España, la propia Constitución establece que si no hay candidatos, las Cortes decidirán. La esencia de la Monarquía es una persona que ostenta un cargo vitalicio. La institución se identifica plenamente con una persona. Por eso existe la figura de la abdicación: para que la persona asuma su responsabilidad si se equivoca, y puede renunciar para salvar la institución.
¿Cuál es la legitimidad de la Monarquía en una democracia? La estabilidad de la persona no tiene que ser incompatible con la democracia, porque el papel de esa persona es el de dar estabilidad a esa democracia. Dejando a un lado el rasgo hereditario, que como se ha dicho, no es el fundamental, tiene un papel muy claro: dar estabilidad al juego democrático.
Sin embargo, la democracia es la elección, y la monarquía no se elige. Pero la democracia, como se dijo al principio, no es elección sino acuerdo. Y todo lo que es beneficioso para la democracia es democrático. Y entendemos mal la legitimidad. El sentido de la democracia no es un principio, sino una forma. La legitimidad democrática no es solo una categoría. La legitimidad democrática es la que construye desde el consenso el acuerdo social; y no es el sometimiento a una votación permanente al funcionamiento de las instituciones.
El gran problema de los filósofos actuales es la contemporaneidad: el saber qué importancia y qué consecuencias tendrá lo que está sucediendo. Ese problema de la vida contemporánea hace que todos los días veamos que los acontecimientos se caracterizan como históricos y fundamentales, pero en realidad son cosas triviales y ridículas. En este contexto, el debate sobre la monarquía es fundamental porque implica lo fundamental en un modelo democrático: la permanencia.
La razón de la monarquía es justamente la estabilidad de la política. Esa es la razón que avala la monarquía. El cambio sin razón ha sustituido la vieja idea de progreso, y se pide la desaparición de la monarquía a la ligera, y el progreso no es cambiar por cambiar. El progreso es la confianza en el ser humano y en el futuro. El juego “conservadores contra progresistas” no es correcto, porque el progreso no es necesariamente avanzar.
Albert Camus decía que el futuro no es crear un mundo nuevo, sino evitar que lo que tenemos entre manos desaparezca. Y nadie puede tachar a Camus como alguien conservador: fue profundamente democrático y profundamente humanista. Lo que argumentaba era que había que defender la democracia teniendo miedo a un progreso que avanzaba sin razón.
El problema que tenemos como españoles, como europeos y como seres humanos es la estabilidad de la democracia. En la política todo rezuma inestabilidad, cambio y riesgo. La situación es de tal calibre que no tenemos palabras para definir lo que está pasando y a todo le añadimos el prefijo post. La palabra postmodernidad es una palabra nueva, que indica que ya no estamos en la modernidad. Utilizamos un término negativo como posverdad para definir el presente: no sabemos lo que somos.
Hay un libro muy de moda que conviene releer aunque no se sea fanático de su autor: La rebelión de las masas de Ortega y Gasset. Ortega tiene muchos defectos, pero La rebelión de las masas es un libro contemporáneo, que describe a una sociedad no democrática, sino postdemocrática. Cada vez la retórica se impone a la lógica, y triunfan los eslóganes sobre los discursos. Las masas buscan algo que les dé sensación de seguridad.
En la democracia, cuando nosotros no hacemos las preguntas, se condicionan nuestras respuestas. El que hace la pregunta puede condicionar la respuesta. El derecho a decidir, por ejemplo, no es democrático. Porque en democracia no se decide: se acuerda. La democracia no es la decisión del más fuerte, sino el acuerdo. La democracia, nuestra democracia, es básicamente pluralista. El artículo 1.1 de la Constitución reconoce el pluralismo político, porque la democracia que conocemos es una democracia del disenso y la pluralidad. Sin embargo, antiguamente, la democracia de las ciudades estado conducían a la negación de la pluralidad.
Nuestra democracia, la moderna, es la primera en reconocer a los partidos políticos. El conflicto entre pluralidad y unidad lleva a sumir que hay que sacrificar la pluralidad a la unidad, y la mayoría debe dictar las normas a la minoría. Frente a esa idea de democracia está la que nosotros defendemos. El disenso permanente se convierte en acuerdo temporal con la base del debate. Desde ese acuerdo temporal se acaba llegando a un acuerdo estable sobre los temas fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. El día de las elecciones no acaba la política: es cuando empieza.
Sobre esto, tenemos que acotar el papel de la Monarquía, que es precisamente lo contrario. La Monarquía es, normalmente, el punto de referencia dentro del cual se produce el acuerdo dentro de una sociedad democrática. La Monarquía puede ser democrática o no serlo dependiendo de su legitimidad.
Nuestra Monarquía, según el art. 56 CE, se configura como un poder simbólico. El poder del Rey es un poder neutral. El papel de la Corona es un papel más formal que material. Todos sus actos son debidos y, para que tengan valor jurídico, se requiere que su firma vaya acompañada de la del Presidente del Gobierno, del Presidente del Congreso, o del Ministro competente en algunos casos.
El problema de la Constitución es que piensa más en los problemas del pasado que en los del futuro. Los hombres somos presa del pasado, y pocas veces tenemos la genialidad de comprender las necesidades de cara al futuro. Pero no es lo mismo un poder neutral que un poder neutralizado. Se discutió claramente entre la figura del monarca neutralizado (como es el rey de Suecia), que no tiene ninguna relevancia; y la de un rey que cumpliese el papel que cumplió la Monarquía a la hora de redactar la CE. Esta se redactó en el momento en que la Monarquía ya era una realidad, y los constituyentes fueron conscientes del papel que la institución había jugado en el proceso de elaboración del Texto.
Durante el 23-F la neutralidad del monarca permitió que la Constitución siguiera adelante. Por eso, un poder neutral tiene un papel: su función no es política, sino constitucional. La función del rey es la de lealtad a la Constitución. Su función es garantizar que la Constitución se cumple no solo en la letra, sino en su fondo. Por eso, su función es moral, ética, de ser el primer ciudadano. Debe dar ejemplo a las instituciones, a quienes las encarna y a los ciudadanos.
El papel del monarca en la vida democrática es, con su n poder, dar un ejemplo de ciudadanía. El rey es la primera magistratura, y tiene algo que es lo mas cotizado en una sociedad confusa: ser un referente a través del ejemplo. El ejemplo, hoy en día, es el único arbitro que nos da fuerza; en una sociedad donde hay debilidad en las ideas y una aparente fortaleza en la retórica.
Como ejemplo, que no es contemporáneo para no entrar en polémica, se puede poner sobre el TC. Hay quienes dicen que tiene un poder excesivo, pero lo que esta claro es que tiene un papel fundamental. La composición del TC ha estado en el aire durante grandes periodos de nuestra democracia. Y eso es no cumplir con la Constitución. Cada 9 años, los grupos no proponen nuevos miembros porque no tienen mayoría.
La Monarquía es una institución que, además de compatible con la democracia, puede colocar al Rey como juez y árbitro de esa democracia; siempre y cuando no tenga poder político. Si no hubiéramos tenido una Monarquía, hubiéramos tenido un problema con el art. 99 de la CE a la hora de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno el año pasado. Si el Jefe de Estado hubiera estado adscrito a un partido, se hubiera considerado parte en el asunto.
Por eso, el árbitro debe estar por encima de la política y tener estabilidad. Y eso puede hacerlo un monarca. ¿Es compatible la democracia con el carácter no electivo de la democracia? Desde una perspectiva práctica, sí. Se dice que la esencia de la Monarquía es la herencia… Pero yo les digo que no. La herencia es una consecuencia de la esencia de la Monarquía. El elemento último no es la herencia, pues hay reyes que son elegidos, como el Papa; y en España, la propia Constitución establece que si no hay candidatos, las Cortes decidirán. La esencia de la Monarquía es una persona que ostenta un cargo vitalicio. La institución se identifica plenamente con una persona. Por eso existe la figura de la abdicación: para que la persona asuma su responsabilidad si se equivoca, y puede renunciar para salvar la institución.
¿Cuál es la legitimidad de la Monarquía en una democracia? La estabilidad de la persona no tiene que ser incompatible con la democracia, porque el papel de esa persona es el de dar estabilidad a esa democracia. Dejando a un lado el rasgo hereditario, que como se ha dicho, no es el fundamental, tiene un papel muy claro: dar estabilidad al juego democrático.
Sin embargo, la democracia es la elección, y la monarquía no se elige. Pero la democracia, como se dijo al principio, no es elección sino acuerdo. Y todo lo que es beneficioso para la democracia es democrático. Y entendemos mal la legitimidad. El sentido de la democracia no es un principio, sino una forma. La legitimidad democrática no es solo una categoría. La legitimidad democrática es la que construye desde el consenso el acuerdo social; y no es el sometimiento a una votación permanente al funcionamiento de las instituciones.
22 de marzo de 2017
La profesora García Guitián en su intervención nos hizo reflexionar sobre conceptos abstractos de la política para así poder realizar mejores juicios de la realidad.
García Guitián apuntó que “la crisis económica, que se ha transformado en una crisis política, se verbaliza diciendo que hay crisis de la democracia y crisis institucional”, esto es, en fin, una crisis de la representación materializada en el no nos representan. La profesora expresó también, que la forma en la que analizamos lo que está sucediendo, así como los discursos que se plantean en torno a ello, condicionan nuestro punto de vista y nuestro diagnóstico.
Es importante que cuando hablemos de crisis de la democracia, expone García Guitián, seamos conscientes que en el análisis de las democracias éstas sufren ciclos democráticos con momentos especialmente emocionantes y otros “en los que las cosas van especialmente mal”. La profesora parafraseó a Juan Linz que en su obra La caída de las democracias, pone de relieve que estos procesos no tienen lugar siempre de la misma manera y que hay muchas formas de analizar la democracia. Para la profesora García Guitián la democracia en la actualidad “es una metaideología en la que cada uno la utiliza con los adjetivos que les vienen mejor”.
Además del concepto de democracia, también se habló del de representación. Al igual que el anterior, la representación se definió también como un término abstracto por el que se describe al proceso en el cual “en un momento determinado los ciudadanos entran en las instituciones, reflejando la pluralidad de la sociedad y que sirve para articular lo que no existe previamente, esto es, el interés general o común.” Esto se hace a través de la institución básica que es la asamblea colectiva, donde los que han sido elegidos tienen que discutir entre ellos para definir lo que se considera interés común. Históricamente, apunta García Guitián, ha constado mucho conseguirlo y en muchos discursos actuales se considera que es la base de la legitimidad.
La idea del voto como eje vertebrador de nuestra democracia ocupó un grueso de la intervención de la profesora. Para ella, el mejor instrumento, en términos históricos, para generar un sistema político es la celebración de las elecciones ya que, en la democracia, la representación se adquiere a través de éstas. Hay una gran simplificación respecto a esto, y es creer que cuando votamos lo hacemos a una persona que va a defender nuestros intereses individuales –lo que se conoce como modelo de agencia-, pensamiento que conduce “a una frustración total”. Se habló, además de la representación electoral, que difiere entre los regímenes parlamentarios y presidencialistas; y la representación social, es decir, la de los grupos especializados que han nacido en torno a las cuestiones sociales.
En los últimos años en España hemos percibido que el sistema electoral es injusto, y estamos criticando por tanto “uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema de representación”, apunta García Guitián. A esto añadió que todas las leyes electorales se eligen en un momento concreto y es muy difícil cambiarlas. Pero también apuntó algunos problemas que podrían subsanarse con una revisión, como es el de la relación entre “población y escaños”, desequilibrada en la actualidad, sobre todo en las grandes ciudades. La profesora expresó que se puede criticar el sistema, “incluso es sano” pero no podemos decir que es injusto.
La ponencia concluyó respondiendo a la pregunta ¿Están mal diseñadas nuestras instituciones? A lo que García Guitián contestó que el problema “no son tanto las instituciones sino el uso que hacemos de ellas.” Además, en los últimos años se ha creado un discurso que une todas las críticas y que se traduce en crisis de representación, lo que lleva a un gran equívoco.
La profesora García Guitián en su intervención nos hizo reflexionar sobre conceptos abstractos de la política para así poder realizar mejores juicios de la realidad.
García Guitián apuntó que “la crisis económica, que se ha transformado en una crisis política, se verbaliza diciendo que hay crisis de la democracia y crisis institucional”, esto es, en fin, una crisis de la representación materializada en el no nos representan. La profesora expresó también, que la forma en la que analizamos lo que está sucediendo, así como los discursos que se plantean en torno a ello, condicionan nuestro punto de vista y nuestro diagnóstico.
Es importante que cuando hablemos de crisis de la democracia, expone García Guitián, seamos conscientes que en el análisis de las democracias éstas sufren ciclos democráticos con momentos especialmente emocionantes y otros “en los que las cosas van especialmente mal”. La profesora parafraseó a Juan Linz que en su obra La caída de las democracias, pone de relieve que estos procesos no tienen lugar siempre de la misma manera y que hay muchas formas de analizar la democracia. Para la profesora García Guitián la democracia en la actualidad “es una metaideología en la que cada uno la utiliza con los adjetivos que les vienen mejor”.
Además del concepto de democracia, también se habló del de representación. Al igual que el anterior, la representación se definió también como un término abstracto por el que se describe al proceso en el cual “en un momento determinado los ciudadanos entran en las instituciones, reflejando la pluralidad de la sociedad y que sirve para articular lo que no existe previamente, esto es, el interés general o común.” Esto se hace a través de la institución básica que es la asamblea colectiva, donde los que han sido elegidos tienen que discutir entre ellos para definir lo que se considera interés común. Históricamente, apunta García Guitián, ha constado mucho conseguirlo y en muchos discursos actuales se considera que es la base de la legitimidad.
La idea del voto como eje vertebrador de nuestra democracia ocupó un grueso de la intervención de la profesora. Para ella, el mejor instrumento, en términos históricos, para generar un sistema político es la celebración de las elecciones ya que, en la democracia, la representación se adquiere a través de éstas. Hay una gran simplificación respecto a esto, y es creer que cuando votamos lo hacemos a una persona que va a defender nuestros intereses individuales –lo que se conoce como modelo de agencia-, pensamiento que conduce “a una frustración total”. Se habló, además de la representación electoral, que difiere entre los regímenes parlamentarios y presidencialistas; y la representación social, es decir, la de los grupos especializados que han nacido en torno a las cuestiones sociales.
En los últimos años en España hemos percibido que el sistema electoral es injusto, y estamos criticando por tanto “uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema de representación”, apunta García Guitián. A esto añadió que todas las leyes electorales se eligen en un momento concreto y es muy difícil cambiarlas. Pero también apuntó algunos problemas que podrían subsanarse con una revisión, como es el de la relación entre “población y escaños”, desequilibrada en la actualidad, sobre todo en las grandes ciudades. La profesora expresó que se puede criticar el sistema, “incluso es sano” pero no podemos decir que es injusto.
La ponencia concluyó respondiendo a la pregunta ¿Están mal diseñadas nuestras instituciones? A lo que García Guitián contestó que el problema “no son tanto las instituciones sino el uso que hacemos de ellas.” Además, en los últimos años se ha creado un discurso que une todas las críticas y que se traduce en crisis de representación, lo que lleva a un gran equívoco.
15 de marzo de 2017
El profesor Antonio Torres del Moral realizó una exposición sobre la relación entre la Monarquía y la opinión pública.
La opinión pública es un concepto vulgar, es lo que se dice en la calle, en los medios de comunicación… Se suele confundir con el sentimiento de la gente, pero es una actividad intelectual, no sentimental. Consiste en la expresión de un juicio sobre algo que ocurre, y nada escapa a la opinión pública.
La opinión pública se nutre de la opinión de las personas que atienden a un acontecer, aunque no lo entiendan. Se dice que la opinión pública se formaliza en el siglo XVIII, aunque hay atisbos de ella mucho anteriores, como en Maquiavelo. Pero es en este siglo cuando toma fuerza.
Tiene una plasmación importante en las Cortes de Cádiz. La población gaditana se levanta contra una situación que consideraba injusta, y se defiende por todos los medios, entre ellos, el manejo de la opinión. Se crean coplas, los catecismos políticos de la época… Se intentaba de formar la opinión de los gaditanos en contra de los franceses que los estaban sitiando.
Desde entonces para acá, se intenta manejar la opinión pública y de ahí que se diga que el público siempre tiene razón. Y aunque no es verdad, es como si lo fuera. Si se tiene el favor del público, se vende más, por lo que la opinión pública acaba siendo una especie de mercado. Hay cuestiones en las que se forma una opinión muy generalizada. Por ejemplo, cuando el hombre llegó a la luna se vivió con mucha emoción.
Hay momentos en la historia de la humanidad en los que la mayoría de la población está de acuerdo en algo (“nunca más” al acabar la segunda guerra mundial). Pero la opinión pública. es cambiante. Puede desaparecer, renacer… Solo hay determinados problemas, que son dramas permanentes, los que consiguen una opinión permanente.
Cuando atendemos a las formas políticas, hay que atender a su evolución para entender la evolución de la opinión pública. La república de Platón no es el mismo concepto que el que tenemos ahora; ni la democracia ateniense es la misma que la actual. Lo que ocurre es que han variado los conceptos de algunas formas políticas y su criterio de clasificación. Los criterios cuantitativos (gobierno de uno, gobierno de varios, gobierno de muchos) ya no tienen mucho sentido. Ahora hay criterios cualitativos (democracia participativa, por ejemplo).
La monarquía no siempre ha tenido buena opinión. César es asesinado en el senado porque le acusaban de pretender restaurar la monarquía. Se entendía que la monarquía era opresora. Después pasó a ser el régimen más utilizado en Europa, y la democracia se consideró como un régimen a evitar. Pero ahora todos los países, de una manera u otra, dicen de sí mismos que tienen una configuración democrática.
Debemos preguntarnos por el maridaje de monarquía y democracia (gobierno de uno y gobierno de todos). En el s. XIX, un autor que no se suele estudiar pero que ha sido decisivo, como es Benjamin Constant, relativizó la diferencia. “Lo importante no es quien está a la cabeza de un Estado, sino como se gobierna ese estado. Si el sistema es parlamentario, tanto da que el jefe de estado sea un Presidente la República o un Rey”.
Por eso, ese maridaje se da siempre que la monarquía no gobierne, según Constant. ¿Qué pasa en España? Se adopta ese criterio pero la evolución es mucho más lenta. El sistema que se hace después de la dictadura Franquista es el que de verdad junta monarquía y democracia. Se da un consenso (como procedimiento sin votar para hacer algo, porque el proyecto constituyente se acordó no tanto votando sino negociando cosas) que acaba con un texto pre constituyente que diseña una monarquía democrática real.
El Rey quedó como Jefe de Estado, como poder arbitral, y no le importó. Cuando Juan Carlos sucede a título de Rey se puede entender, según sus discursos en las Cortes, cómo explica que no le corresponde a la Corona realizar la labor que es propia de los diputados. Tenía claro que la Corona era una institución de auctoritas pero no de potestas.
Una vez promulgada la C.E., el Rey fue recibido por la opinión pública de forma negativa. Se decía que sería Juan Carlos I el breve. Recuerda Torres del Moral una conversación con Santiago Carrillo, en la que el dirigente comunista le decía que cuando habló con el rey y Suárez se dio cuenta de que la cosa iba en serio.
Es verdad que la realeza está perdiendo su aura histórica de cuasi divinidad. Al estar sometida a la ley de la opinión pública y la Transición salió bien, se hizo un pacto para no hablar de las cosas de Palacio durante más de 20 años. Quizás algún periódico concreto, pero había un pacto de silencio. Ese pacto de silencio se rompió no por los compartimientos dudosos de don Juan Carlos, sino con el noviazgo de don Felipe con Eva Sannum.
Se ha dicho que don Juan Carlos se vio disminuido en la Pascua Militar del año 2014, y él mismo pensó que igual era el momento de abdicar. A juicio de Torres del Moral, no es así. Abdicó cuando en las elecciones al Parlamento europeo del año 14 los dos partidos tradicionales perdieron la mayoría.
Se produce el relevo en España de una manera inteligente, y nos encontramos como un reinado como el de Juan Carlos, que era un rey poco común (más de relación pública que de despacho), que es sucedido por su hijo, mucho más sesudo y pausado.
Don Felipe sabe dónde se ha metido y que no tiene el predicamento de su padre. Tiene que ganárselo y que está reinando en un país que era más juancarlista que monárquico.
El profesor Antonio Torres del Moral realizó una exposición sobre la relación entre la Monarquía y la opinión pública.
La opinión pública es un concepto vulgar, es lo que se dice en la calle, en los medios de comunicación… Se suele confundir con el sentimiento de la gente, pero es una actividad intelectual, no sentimental. Consiste en la expresión de un juicio sobre algo que ocurre, y nada escapa a la opinión pública.
La opinión pública se nutre de la opinión de las personas que atienden a un acontecer, aunque no lo entiendan. Se dice que la opinión pública se formaliza en el siglo XVIII, aunque hay atisbos de ella mucho anteriores, como en Maquiavelo. Pero es en este siglo cuando toma fuerza.
Tiene una plasmación importante en las Cortes de Cádiz. La población gaditana se levanta contra una situación que consideraba injusta, y se defiende por todos los medios, entre ellos, el manejo de la opinión. Se crean coplas, los catecismos políticos de la época… Se intentaba de formar la opinión de los gaditanos en contra de los franceses que los estaban sitiando.
Desde entonces para acá, se intenta manejar la opinión pública y de ahí que se diga que el público siempre tiene razón. Y aunque no es verdad, es como si lo fuera. Si se tiene el favor del público, se vende más, por lo que la opinión pública acaba siendo una especie de mercado. Hay cuestiones en las que se forma una opinión muy generalizada. Por ejemplo, cuando el hombre llegó a la luna se vivió con mucha emoción.
Hay momentos en la historia de la humanidad en los que la mayoría de la población está de acuerdo en algo (“nunca más” al acabar la segunda guerra mundial). Pero la opinión pública. es cambiante. Puede desaparecer, renacer… Solo hay determinados problemas, que son dramas permanentes, los que consiguen una opinión permanente.
Cuando atendemos a las formas políticas, hay que atender a su evolución para entender la evolución de la opinión pública. La república de Platón no es el mismo concepto que el que tenemos ahora; ni la democracia ateniense es la misma que la actual. Lo que ocurre es que han variado los conceptos de algunas formas políticas y su criterio de clasificación. Los criterios cuantitativos (gobierno de uno, gobierno de varios, gobierno de muchos) ya no tienen mucho sentido. Ahora hay criterios cualitativos (democracia participativa, por ejemplo).
La monarquía no siempre ha tenido buena opinión. César es asesinado en el senado porque le acusaban de pretender restaurar la monarquía. Se entendía que la monarquía era opresora. Después pasó a ser el régimen más utilizado en Europa, y la democracia se consideró como un régimen a evitar. Pero ahora todos los países, de una manera u otra, dicen de sí mismos que tienen una configuración democrática.
Debemos preguntarnos por el maridaje de monarquía y democracia (gobierno de uno y gobierno de todos). En el s. XIX, un autor que no se suele estudiar pero que ha sido decisivo, como es Benjamin Constant, relativizó la diferencia. “Lo importante no es quien está a la cabeza de un Estado, sino como se gobierna ese estado. Si el sistema es parlamentario, tanto da que el jefe de estado sea un Presidente la República o un Rey”.
Por eso, ese maridaje se da siempre que la monarquía no gobierne, según Constant. ¿Qué pasa en España? Se adopta ese criterio pero la evolución es mucho más lenta. El sistema que se hace después de la dictadura Franquista es el que de verdad junta monarquía y democracia. Se da un consenso (como procedimiento sin votar para hacer algo, porque el proyecto constituyente se acordó no tanto votando sino negociando cosas) que acaba con un texto pre constituyente que diseña una monarquía democrática real.
El Rey quedó como Jefe de Estado, como poder arbitral, y no le importó. Cuando Juan Carlos sucede a título de Rey se puede entender, según sus discursos en las Cortes, cómo explica que no le corresponde a la Corona realizar la labor que es propia de los diputados. Tenía claro que la Corona era una institución de auctoritas pero no de potestas.
Una vez promulgada la C.E., el Rey fue recibido por la opinión pública de forma negativa. Se decía que sería Juan Carlos I el breve. Recuerda Torres del Moral una conversación con Santiago Carrillo, en la que el dirigente comunista le decía que cuando habló con el rey y Suárez se dio cuenta de que la cosa iba en serio.
Es verdad que la realeza está perdiendo su aura histórica de cuasi divinidad. Al estar sometida a la ley de la opinión pública y la Transición salió bien, se hizo un pacto para no hablar de las cosas de Palacio durante más de 20 años. Quizás algún periódico concreto, pero había un pacto de silencio. Ese pacto de silencio se rompió no por los compartimientos dudosos de don Juan Carlos, sino con el noviazgo de don Felipe con Eva Sannum.
Se ha dicho que don Juan Carlos se vio disminuido en la Pascua Militar del año 2014, y él mismo pensó que igual era el momento de abdicar. A juicio de Torres del Moral, no es así. Abdicó cuando en las elecciones al Parlamento europeo del año 14 los dos partidos tradicionales perdieron la mayoría.
Se produce el relevo en España de una manera inteligente, y nos encontramos como un reinado como el de Juan Carlos, que era un rey poco común (más de relación pública que de despacho), que es sucedido por su hijo, mucho más sesudo y pausado.
Don Felipe sabe dónde se ha metido y que no tiene el predicamento de su padre. Tiene que ganárselo y que está reinando en un país que era más juancarlista que monárquico.
8 de marzo de 2017
El límite de la tolerancia es lo que es intolerable. Esta fue una de las muchas aseveraciones que Francisco J. Laporta utilizó para desmontar tópicos en torno al debate monarquía-república y la legitimidad de una y otra forma de estado.
Para el profesor Laporta, los simplismos que han aparecido para argumentar en contra de la Corona son consecuencia de una reacción personal a la institución. Cuando se elaboró la Transición, todo el mundo, estaba de acuerdo en que la Corona debía ser una de las instituciones claves del proceso constitucional, y solo dos o tres parlamentarios estuvieron en contra. Pero con el paso del tiempo, apunta Laporta, ha aparecido una reacción simplista, desde su punto de vista.
El análisis que realizó atendía a dos principios –propios de la escuela de pensamiento a la que está adscrito-:
Su vocación de teórico es pues, limpiadora, del lenguaje político y jurídico para clarificar los conceptos.
Laporta indicó que para enfrentarse a los conceptos sobran los tópicos, ya que hay una tendencia a considerar a la república como una forma de estado o gobierno que está justificada a priori y por otro lado la monarquía como con un déficit sustancial. A estos sumó otros tópicos como “un no debe ser monárquico, si es de izquierda menos”, “derecha = monarquía” o “la república es una racionalidad y la monarquía una irracionalidad”, entre otros. En este sentido, el profesor expresó que los monárquicos pueden ser de izquierdas, demócratas y progresistas, así como los republicanos de derechas.
El profesor subrayó, asimismo, que la monarquía, tal y como está diseñada actualmente –una forma de estado-, es una institución absolutamente irrelevante para analizar el grado de democracia de un sistema. Para argumentar esto se apoyó en el índice de The Economist, que indicaba que 22 países poseían full democracy, y los dos primeros eran Suecia y Noruega, ambos monarquías. Sería, en su caso, el proceso electoral, el pluralismo, la cultura política y las libertades civiles, indicadores para medir la democracia.
En la segunda parte de la intervención, Francisco J. Laporta, explicó por qué la monarquía era legítima. Indicó que la monarquía de la que hablamos en la actualidad es una monarquía constitucional y parlamentaria. Constitucional porque no adquiere su papel en el arco político-institucional como consecuencia de un proceso histórico sino porque está contenido en la constitución; también parlamentaria, porque es el parlamento el que regula y controla la mayoría de las dimensiones de la Casa Real y del funcionamiento de la Corona.
Para responder a ¿de dónde viene la legitimidad de la monarquía? Indicó que debían hacerse varias distinciones, en primer lugar, diferenciar a la institución monárquica de la persona que la ocupa, y, en segundo lugar, diferenciar los términos legitimidad y legitimación.
Legitimidad es la justificación de una institución; legitimación, por su parte, es la aceptación en la sociedad civil. La legitimidad es una cuestión de valor, ética, debe establecerse un principio o un conjunto de principios que justifiquen esa institución. Si la institución tiene derecho a la autoridad, tiene un correlato, está justificada y, por tanto, tenemos deber de obediencia. Esta definición de legitimación no se da en la monarquía constitucional y parlamentaria, porque la Corona no es una autoridad en el sentido de emitir mandatos que debamos obedecer y por eso debe enfocarse desde otros aspectos.
Es por esto que el profesor Laporta subrayó que la monarquía constitucional y parlamentaria está legitimada porque está amparada en la Constitución. Sobre el recurrente argumento de los que indican que debería haberse votado esta institución por separado, el profesor expresó que ¿por qué esta institución sí, y no otras? ¿El Tribunal Constitucional, el Senado?, todas las instituciones forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y no debe tratarse esta de manera autónoma.
El límite de la tolerancia es lo que es intolerable. Esta fue una de las muchas aseveraciones que Francisco J. Laporta utilizó para desmontar tópicos en torno al debate monarquía-república y la legitimidad de una y otra forma de estado.
Para el profesor Laporta, los simplismos que han aparecido para argumentar en contra de la Corona son consecuencia de una reacción personal a la institución. Cuando se elaboró la Transición, todo el mundo, estaba de acuerdo en que la Corona debía ser una de las instituciones claves del proceso constitucional, y solo dos o tres parlamentarios estuvieron en contra. Pero con el paso del tiempo, apunta Laporta, ha aparecido una reacción simplista, desde su punto de vista.
El análisis que realizó atendía a dos principios –propios de la escuela de pensamiento a la que está adscrito-:
- Para percibir la realidad hay que hacer un análisis detallado, serio, tranquilo y minucioso de los conceptos
- Los conceptos jurídicos tienen connotaciones que los hacen crear confusión
Su vocación de teórico es pues, limpiadora, del lenguaje político y jurídico para clarificar los conceptos.
Laporta indicó que para enfrentarse a los conceptos sobran los tópicos, ya que hay una tendencia a considerar a la república como una forma de estado o gobierno que está justificada a priori y por otro lado la monarquía como con un déficit sustancial. A estos sumó otros tópicos como “un no debe ser monárquico, si es de izquierda menos”, “derecha = monarquía” o “la república es una racionalidad y la monarquía una irracionalidad”, entre otros. En este sentido, el profesor expresó que los monárquicos pueden ser de izquierdas, demócratas y progresistas, así como los republicanos de derechas.
El profesor subrayó, asimismo, que la monarquía, tal y como está diseñada actualmente –una forma de estado-, es una institución absolutamente irrelevante para analizar el grado de democracia de un sistema. Para argumentar esto se apoyó en el índice de The Economist, que indicaba que 22 países poseían full democracy, y los dos primeros eran Suecia y Noruega, ambos monarquías. Sería, en su caso, el proceso electoral, el pluralismo, la cultura política y las libertades civiles, indicadores para medir la democracia.
En la segunda parte de la intervención, Francisco J. Laporta, explicó por qué la monarquía era legítima. Indicó que la monarquía de la que hablamos en la actualidad es una monarquía constitucional y parlamentaria. Constitucional porque no adquiere su papel en el arco político-institucional como consecuencia de un proceso histórico sino porque está contenido en la constitución; también parlamentaria, porque es el parlamento el que regula y controla la mayoría de las dimensiones de la Casa Real y del funcionamiento de la Corona.
Para responder a ¿de dónde viene la legitimidad de la monarquía? Indicó que debían hacerse varias distinciones, en primer lugar, diferenciar a la institución monárquica de la persona que la ocupa, y, en segundo lugar, diferenciar los términos legitimidad y legitimación.
Legitimidad es la justificación de una institución; legitimación, por su parte, es la aceptación en la sociedad civil. La legitimidad es una cuestión de valor, ética, debe establecerse un principio o un conjunto de principios que justifiquen esa institución. Si la institución tiene derecho a la autoridad, tiene un correlato, está justificada y, por tanto, tenemos deber de obediencia. Esta definición de legitimación no se da en la monarquía constitucional y parlamentaria, porque la Corona no es una autoridad en el sentido de emitir mandatos que debamos obedecer y por eso debe enfocarse desde otros aspectos.
Es por esto que el profesor Laporta subrayó que la monarquía constitucional y parlamentaria está legitimada porque está amparada en la Constitución. Sobre el recurrente argumento de los que indican que debería haberse votado esta institución por separado, el profesor expresó que ¿por qué esta institución sí, y no otras? ¿El Tribunal Constitucional, el Senado?, todas las instituciones forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y no debe tratarse esta de manera autónoma.
1 de marzo de 2017
El profesor Santos Juliá realizó su ponencia el 1 de marzo, y comenzó con una pregunta: ¿Por qué ha tardado tanto la Monarquía en encontrarse con la democracia en España?
Parte el profesor de un supuesto: lo que le ocurre a las sociedades es fruto de decisiones que se toman, que cierran caminos y abren otros. Nada es necesario, sino que todo deriva de decisiones tomadas por sujetos con autoridad para hacerlo.
Con eso, se desmonta la teoría de que todo lo que está pasando ahora tiene su origen en la Transición. La Historia no consiste en plantar un germen que se desarrollará como un gran árbol. Los caminos de la Historia se desvían de lo que se planteaba en un principio.
El encuentro comienza a producirse cuando el grupo del 14 se da cuenta de que el sistema de la Restauración está agotado. Así surge el Partido Reformista, a raíz de la crisis de 1913. Se pide que se formen unas cortes constituyentes que acaben con el turnismo, con la tutela militar y eclesiástica; y que ampliase los derechos civiles.
Si el Rey hubiera tomado en consideración este movimiento, las Cortes hubieran aprobado una Constitución democrática dentro de la monarquía; con el Rey a la cabeza de un grupo de reforma. Dando un salto de diez años, la respuesta que se le dio a estos movimientos consistió en que España se quedase sin Constitución porque se aceptó la dictadura de Primo de Rivera. Al terminar la dictadura, aparecen nuevos movimientos para crear una Constitución, y la monarquía podría haber liderado ese proceso. Las ocasiones que tuvo la política española hasta 1930 de ir a una monarquía ya no constitucional, sino democrática, fueron reiteradas, pero ninguna se aprovechó.
Al final, se llega a una “fiesta popular” tras el triunfo en las grandes ciudades de la coalición republicano-socialista, y se proclama la República; en la que la monarquía se equipara a la dictadura. El abrazo del Rey a Primo de Rivera funde la idea de república con democracia y monarquía con dictadura; y para salir de esta clasificación se han necesitado décadas.
Lo que se produce es una sustitución de la monarquía por la república, y después una derrota de la república. El Golpe de Estado de 1936 no fue solo una cuestión militar, puesto que desembocó en una Guerra Civil. El movimiento militar desembocó en un movimiento social que derivó a su vez en un movimiento católico.
¿Qué papel juega la monarquía en esta etapa? En el primer momento ninguno. Don Juan queda a la expectativa, mientras el Estado oscila entre un modelo fascista y católico. A partir de 1943, el horizonte que se atisba es el de Estado católico monárquico.
Se produce una carta de procuradores en Cortes en la que solicitan a Franco que culmine su obra restaurando la monarquía. Comienzan a establecerse las bases de una monarquía en España aceptada por las democracias extranjeras, y a estas bases se les han atribuido un trasfondo democrático. Pero al leerlas, estas bases institucionales responden al catolicismo, la unión indisoluble de la patria y la representatividad. No se trata de una representación democrática: según estas bases, pertenece al Rey la función de hacer leyes, y la representación tiene que ser de forma orgánica (por estamentos).
Franco, ante estas presiones, promulga la ley de sucesión, que configura a España como una monarquía católica y representativa; y queda bajo el control del Jefe del Estado la designación del heredero y su nombramiento.
En este momento, don Juan toma una decisión que marcará el futuro de la monarquía en nuestro país: entra en conversaciones con Franco y acuerda la educación de su hijo en España. Más tarde se produce otro encuentro (1954) en el que don Juan vuelve a conversar con Franco en la que llegan al acuerdo de que Juan Carlos seguirá en España y comenzará sus estudios en las Academias Militares. En ese intervalo hubo alguna iniciativa para que la monarquía que se instaurara en España fuera una monarquía que fuese resultado de un pacto entre monárquicos disidentes y fuerzas de la oposición. Don Juan no intervino en el pacto, pero lo dejó hacer. Este pacto comenzó con las conversaciones entre Gil Robles e Indalecio Prieto.
Las conversaciones entre socialistas y monárquicos alejaban la idea de que la monarquía sería la culminación del régimen del 18 de julio, sino que sería el resultado de un acuerdo entre el exilio (menos el PCE) y las fuerzas disidentes del régimen que iban apareciendo en el interior.
Todo esto acaba desembocando en el coloquio de Munich, donde las distintas fuerzas acuerdan un plan de cinco puntos para la Transición, en el que no se dice nada de la monarquía (a pesar de que muchos monárquicos estaban allí presentes). La pregunta se centra en qué va a ocurrir después de Franco; y en Munich no se llega a un acuerdo sobre esto. La oposición del interior pretende que la Jefatura del Estado la ocupe un rey; mientras que la oposición del exilio propone que a la muerte de Franco se abra un proceso dirigido por un Gobierno provisional donde estén representados todas las fuerzas de la oposición. Ese Gobierno devolvería las libertades, y después de esa transición, se convocarían unas elecciones para que los españoles decidiesen el régimen que deseaban.
Nunca antes de la muerte de Franco se prevé que la Monarquía que lo sustituya fuese una Monarquía democrática.
¿Cuándo empieza a pensarse que la Monarquía no va a ser la culminación del Régimen de Franco? A partir de que las Cortes, en 1977, se declaran a ellas mismas Cortes constituyentes. Ahí es donde el horizonte cambia de manera radical. Esto no hubiera sido así si el Rey no hubiera tomado una serie de decisiones que terminaron los la convocatoria de elecciones por sufragio universal, directo y secreto. Fue el Gobierno de Suárez, impulsado por el Rey, el responsable de esta situación.
Ahí termina el encuentro entre monarquía y democracia; que no surge en la Transición, sino que, como se ha ido comentando, comienza mucho antes
El profesor Santos Juliá realizó su ponencia el 1 de marzo, y comenzó con una pregunta: ¿Por qué ha tardado tanto la Monarquía en encontrarse con la democracia en España?
Parte el profesor de un supuesto: lo que le ocurre a las sociedades es fruto de decisiones que se toman, que cierran caminos y abren otros. Nada es necesario, sino que todo deriva de decisiones tomadas por sujetos con autoridad para hacerlo.
Con eso, se desmonta la teoría de que todo lo que está pasando ahora tiene su origen en la Transición. La Historia no consiste en plantar un germen que se desarrollará como un gran árbol. Los caminos de la Historia se desvían de lo que se planteaba en un principio.
El encuentro comienza a producirse cuando el grupo del 14 se da cuenta de que el sistema de la Restauración está agotado. Así surge el Partido Reformista, a raíz de la crisis de 1913. Se pide que se formen unas cortes constituyentes que acaben con el turnismo, con la tutela militar y eclesiástica; y que ampliase los derechos civiles.
Si el Rey hubiera tomado en consideración este movimiento, las Cortes hubieran aprobado una Constitución democrática dentro de la monarquía; con el Rey a la cabeza de un grupo de reforma. Dando un salto de diez años, la respuesta que se le dio a estos movimientos consistió en que España se quedase sin Constitución porque se aceptó la dictadura de Primo de Rivera. Al terminar la dictadura, aparecen nuevos movimientos para crear una Constitución, y la monarquía podría haber liderado ese proceso. Las ocasiones que tuvo la política española hasta 1930 de ir a una monarquía ya no constitucional, sino democrática, fueron reiteradas, pero ninguna se aprovechó.
Al final, se llega a una “fiesta popular” tras el triunfo en las grandes ciudades de la coalición republicano-socialista, y se proclama la República; en la que la monarquía se equipara a la dictadura. El abrazo del Rey a Primo de Rivera funde la idea de república con democracia y monarquía con dictadura; y para salir de esta clasificación se han necesitado décadas.
Lo que se produce es una sustitución de la monarquía por la república, y después una derrota de la república. El Golpe de Estado de 1936 no fue solo una cuestión militar, puesto que desembocó en una Guerra Civil. El movimiento militar desembocó en un movimiento social que derivó a su vez en un movimiento católico.
¿Qué papel juega la monarquía en esta etapa? En el primer momento ninguno. Don Juan queda a la expectativa, mientras el Estado oscila entre un modelo fascista y católico. A partir de 1943, el horizonte que se atisba es el de Estado católico monárquico.
Se produce una carta de procuradores en Cortes en la que solicitan a Franco que culmine su obra restaurando la monarquía. Comienzan a establecerse las bases de una monarquía en España aceptada por las democracias extranjeras, y a estas bases se les han atribuido un trasfondo democrático. Pero al leerlas, estas bases institucionales responden al catolicismo, la unión indisoluble de la patria y la representatividad. No se trata de una representación democrática: según estas bases, pertenece al Rey la función de hacer leyes, y la representación tiene que ser de forma orgánica (por estamentos).
Franco, ante estas presiones, promulga la ley de sucesión, que configura a España como una monarquía católica y representativa; y queda bajo el control del Jefe del Estado la designación del heredero y su nombramiento.
En este momento, don Juan toma una decisión que marcará el futuro de la monarquía en nuestro país: entra en conversaciones con Franco y acuerda la educación de su hijo en España. Más tarde se produce otro encuentro (1954) en el que don Juan vuelve a conversar con Franco en la que llegan al acuerdo de que Juan Carlos seguirá en España y comenzará sus estudios en las Academias Militares. En ese intervalo hubo alguna iniciativa para que la monarquía que se instaurara en España fuera una monarquía que fuese resultado de un pacto entre monárquicos disidentes y fuerzas de la oposición. Don Juan no intervino en el pacto, pero lo dejó hacer. Este pacto comenzó con las conversaciones entre Gil Robles e Indalecio Prieto.
Las conversaciones entre socialistas y monárquicos alejaban la idea de que la monarquía sería la culminación del régimen del 18 de julio, sino que sería el resultado de un acuerdo entre el exilio (menos el PCE) y las fuerzas disidentes del régimen que iban apareciendo en el interior.
Todo esto acaba desembocando en el coloquio de Munich, donde las distintas fuerzas acuerdan un plan de cinco puntos para la Transición, en el que no se dice nada de la monarquía (a pesar de que muchos monárquicos estaban allí presentes). La pregunta se centra en qué va a ocurrir después de Franco; y en Munich no se llega a un acuerdo sobre esto. La oposición del interior pretende que la Jefatura del Estado la ocupe un rey; mientras que la oposición del exilio propone que a la muerte de Franco se abra un proceso dirigido por un Gobierno provisional donde estén representados todas las fuerzas de la oposición. Ese Gobierno devolvería las libertades, y después de esa transición, se convocarían unas elecciones para que los españoles decidiesen el régimen que deseaban.
Nunca antes de la muerte de Franco se prevé que la Monarquía que lo sustituya fuese una Monarquía democrática.
¿Cuándo empieza a pensarse que la Monarquía no va a ser la culminación del Régimen de Franco? A partir de que las Cortes, en 1977, se declaran a ellas mismas Cortes constituyentes. Ahí es donde el horizonte cambia de manera radical. Esto no hubiera sido así si el Rey no hubiera tomado una serie de decisiones que terminaron los la convocatoria de elecciones por sufragio universal, directo y secreto. Fue el Gobierno de Suárez, impulsado por el Rey, el responsable de esta situación.
Ahí termina el encuentro entre monarquía y democracia; que no surge en la Transición, sino que, como se ha ido comentando, comienza mucho antes
22 de febrero de 2017
El Rey Juan Carlos pronunció la siguiente frase al nombrar a Felipe González Presidente del Gobierno: “Si mi abuelo hubiera podido hacer esto con Pablo Iglesias, no habríamos tenido Guerra Civil”. Esta frase la recogió Gregorio Peces Barba, que dejó escrito en 1996 lo siguiente: “tengo la convicción de que después de la Transición, la Monarquía y la Transición están indisolublemente unidas”. Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada por las generaciones posteriores.
Lo que se va a explicar es cómo el PSOE y la Monarquía acabaron encontrándose y entendiéndose en la Transición. Lo que ha ocurrido en los últimos años es otro episodio de esta historia sin final.
En el año 82, el corresponsal de The New York Times supo percibir la trascendencia de aquel momento, y habló de una alianza tácita entre el Rey y un partido republicano como es el PSOE.
Hay que hacerse algunas preguntas transgresoras para entender este asunto. ¿Fue realmente republicano el Partido Socialista que fundó Pablo Iglesias? Hay testimonios que podrían matizar el fundamentalismo republicano del Partido Socialista, como un artículo publicado en El Socialista en 1900 donde se afirmaba que la República era el nuevo opio del pueblo. Esta definición hay que entenderla. Hay que entender ese rechazo tajante de lo que representan las repúblicas desde la perspectiva de la clase obrera organizada. La República era el régimen burgués por excelencia.
No quiero que parezca que el PSOE fue un partido antirrepublicano, se puede hablar del Partido Socialista con un alma republicana. Pero es cierto que hay testimonios que matizan su republicanismo.
Las razones de la ambivalencia del PSOE sobre la forma de gobierno y las circunstancias que acabarían facilitando su entendimiento con la Monarquía en la Transición son las siguientes:
El Partido Socialista ha tenido siempre un alma republicana, aunque requiere una matización muy importante. A pesar de esta seña de identidad, la República nunca fue un objetivo prioritario para el socialismo español con una excepción: el año 1931. Hasta el verano de 1933, sí se puede hablar de un socialismo fuertemente con la República.
El PSOE, a pesar de su republicanismo, ha mantenido una pésima relación con los republicanos españoles, a los que tildaba de oportunista y corruptos. Esas malas relaciones empeoraron a partir de 1933, y no solo con Lerroux, sino también con los seguidores de Azaña. El sector mayoritario en el socialismo español por entonces, que era el más contrario a la República, era el ala más a la izquierda, el ala caballerista. Largo Caballero buscaba un socialismo revolucionario que algunos han calificado de bolchevique.
Desde esa perspectiva bolchevique, la República burguesa era un obstáculo para el camino que debía seguir la clase obrera (que era la revolución social).
Tanto el PSOE como la Monarquía habían tenido tormentosas relaciones con sus aliados naturales. Los socialistas con la izquierda burguesa, y la Corona con un sector de la derecha (que desde Maura, pasando por Falange y llegando incluso a Manuel Fraga, ha sido visceralmente antimonárquica). Esa huida de los “suyos” facilitó el encuentro posterior.
A la derrota de la izquierda en la Guerra Civil se añade una segunda derrota en 1945 cuando se puso de manifiesto que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial no iban a tomar medidas para acabar con el régimen de Franco. Únicamente establecieron contactos con los monárquicos y los socialistas.
Don Juan pretende una restauración rápida de la Monarquía, a la que Franco se opone tajantemente. Don Juan era consciente de que necesitaba aliados para su regreso a España como Rey, y la baza monárquica tiene, a los ojos de un sector de la oposición, un aliciente: el apoyo que algunos Generales monárquicos podrían dar a una operación para derrocar a Franco. Esos Generales eran un activo muy importante en cualquier operación entre la Monarquía y el socialismo a la hora de medir el coste de la restauración de las libertades y el regreso de la izquierda a España.
El último factor que empujaba hacia ese encuentro fue que las democracias occidentales, en concreto Gran Bretaña, estaba gobernada por el laborismo. Y esas democracias buscaban para España un nuevo régimen que no fuera ni fascista ni comunista. Y ese perfil lo daba una fórmula que conciliara monarquía y socialismo.
A partir de ahí se establecen contactos discretos entre dirigentes socialistas con algún General monárquico. La izquierda descubrió que tenía que soltar lastre si quería acelerar el cambio en España, y ese lastre era la República. En 1946 muere Largo Caballero, y el liderazgo en el Partido Socialista pasa a Indalecio Prieto, que continúa con las negociaciones con Generales monárquicos. En agosto de 1948 se firma el Pacto de San Juan de Luz entre monárquicos y socialistas. Ahí se acuerda la restauración de la Monarquía y de las libertades.
Ese acuerdo es abortado inmediatamente porque se conoce la noticia de que Franco y Don Juan han llegado a un acuerdo, y ese acuerdo pesa más que el de sus emisarios con Indalecio Prieto. Los socialistas que habían defendido esas conversaciones se sienten víctimas de una traición por parte de los monárquicos (o, al menos, de Don Juan).
A pesar de esa sensación de engaño, los socialistas sabían que la decisión de aparcar el republicanismo no tenía vuelta atrás. Sin embargo, las opciones que barajaban los socialistas para el futuro de España eran el de República o el de Monarquía con Don Juan, descartada por el fracaso del pacto.
Ahí surge un político socialista, muy inclasificable, pero monárquico, que es Enrique Tierno Galván. Fue el primer socialista importante que vio claro que el futuro de una España democrática pasaba por la Monarquía.
La Monarquía también era consciente de que necesitaba el apoyo de la izquierda, y dentro de los ambientes monárquicos se empieza a buscar una izquierda dinástica, capaz de colaborar y, en su caso, gobernar con la Monarquía. Es la búsqueda de un Partido Laborista español.
En la memoria de los Borbones quedó una enseñanza que acompañó a Alfonso XIII durante el exilio. Esta era que si él, a su debido tiempo, hubiera llamado al Partido Socialista para formar gobierno, se habría evitado la caída de la Monarquía y lo que vino después.
Según Juan Carlos de Borbón fue creciendo junto a Franco, la izquierda consideró que si la Monarquía volvía a España, esta no podía ser juancarlista. Santiago Carrillo se planteó jugar la baza de que Don Juan fuese el Monarca a la muerte de Franco. Acertó al pensar que la vuelta a la democracia pasaba por la Monarquía, pero se equivocó al pensar en la figura de Don Juan (como también le había ocurrido a Tierno Galván).
Así llegamos a la Transición, donde la Monarquía y el Partido Socialista estaban condenados a entenderse. En ese entendimiento, jugó un papel importante la complicidad generacional.
El Rey Juan Carlos pronunció la siguiente frase al nombrar a Felipe González Presidente del Gobierno: “Si mi abuelo hubiera podido hacer esto con Pablo Iglesias, no habríamos tenido Guerra Civil”. Esta frase la recogió Gregorio Peces Barba, que dejó escrito en 1996 lo siguiente: “tengo la convicción de que después de la Transición, la Monarquía y la Transición están indisolublemente unidas”. Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada por las generaciones posteriores.
Lo que se va a explicar es cómo el PSOE y la Monarquía acabaron encontrándose y entendiéndose en la Transición. Lo que ha ocurrido en los últimos años es otro episodio de esta historia sin final.
En el año 82, el corresponsal de The New York Times supo percibir la trascendencia de aquel momento, y habló de una alianza tácita entre el Rey y un partido republicano como es el PSOE.
Hay que hacerse algunas preguntas transgresoras para entender este asunto. ¿Fue realmente republicano el Partido Socialista que fundó Pablo Iglesias? Hay testimonios que podrían matizar el fundamentalismo republicano del Partido Socialista, como un artículo publicado en El Socialista en 1900 donde se afirmaba que la República era el nuevo opio del pueblo. Esta definición hay que entenderla. Hay que entender ese rechazo tajante de lo que representan las repúblicas desde la perspectiva de la clase obrera organizada. La República era el régimen burgués por excelencia.
No quiero que parezca que el PSOE fue un partido antirrepublicano, se puede hablar del Partido Socialista con un alma republicana. Pero es cierto que hay testimonios que matizan su republicanismo.
Las razones de la ambivalencia del PSOE sobre la forma de gobierno y las circunstancias que acabarían facilitando su entendimiento con la Monarquía en la Transición son las siguientes:
El Partido Socialista ha tenido siempre un alma republicana, aunque requiere una matización muy importante. A pesar de esta seña de identidad, la República nunca fue un objetivo prioritario para el socialismo español con una excepción: el año 1931. Hasta el verano de 1933, sí se puede hablar de un socialismo fuertemente con la República.
El PSOE, a pesar de su republicanismo, ha mantenido una pésima relación con los republicanos españoles, a los que tildaba de oportunista y corruptos. Esas malas relaciones empeoraron a partir de 1933, y no solo con Lerroux, sino también con los seguidores de Azaña. El sector mayoritario en el socialismo español por entonces, que era el más contrario a la República, era el ala más a la izquierda, el ala caballerista. Largo Caballero buscaba un socialismo revolucionario que algunos han calificado de bolchevique.
Desde esa perspectiva bolchevique, la República burguesa era un obstáculo para el camino que debía seguir la clase obrera (que era la revolución social).
Tanto el PSOE como la Monarquía habían tenido tormentosas relaciones con sus aliados naturales. Los socialistas con la izquierda burguesa, y la Corona con un sector de la derecha (que desde Maura, pasando por Falange y llegando incluso a Manuel Fraga, ha sido visceralmente antimonárquica). Esa huida de los “suyos” facilitó el encuentro posterior.
A la derrota de la izquierda en la Guerra Civil se añade una segunda derrota en 1945 cuando se puso de manifiesto que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial no iban a tomar medidas para acabar con el régimen de Franco. Únicamente establecieron contactos con los monárquicos y los socialistas.
Don Juan pretende una restauración rápida de la Monarquía, a la que Franco se opone tajantemente. Don Juan era consciente de que necesitaba aliados para su regreso a España como Rey, y la baza monárquica tiene, a los ojos de un sector de la oposición, un aliciente: el apoyo que algunos Generales monárquicos podrían dar a una operación para derrocar a Franco. Esos Generales eran un activo muy importante en cualquier operación entre la Monarquía y el socialismo a la hora de medir el coste de la restauración de las libertades y el regreso de la izquierda a España.
El último factor que empujaba hacia ese encuentro fue que las democracias occidentales, en concreto Gran Bretaña, estaba gobernada por el laborismo. Y esas democracias buscaban para España un nuevo régimen que no fuera ni fascista ni comunista. Y ese perfil lo daba una fórmula que conciliara monarquía y socialismo.
A partir de ahí se establecen contactos discretos entre dirigentes socialistas con algún General monárquico. La izquierda descubrió que tenía que soltar lastre si quería acelerar el cambio en España, y ese lastre era la República. En 1946 muere Largo Caballero, y el liderazgo en el Partido Socialista pasa a Indalecio Prieto, que continúa con las negociaciones con Generales monárquicos. En agosto de 1948 se firma el Pacto de San Juan de Luz entre monárquicos y socialistas. Ahí se acuerda la restauración de la Monarquía y de las libertades.
Ese acuerdo es abortado inmediatamente porque se conoce la noticia de que Franco y Don Juan han llegado a un acuerdo, y ese acuerdo pesa más que el de sus emisarios con Indalecio Prieto. Los socialistas que habían defendido esas conversaciones se sienten víctimas de una traición por parte de los monárquicos (o, al menos, de Don Juan).
A pesar de esa sensación de engaño, los socialistas sabían que la decisión de aparcar el republicanismo no tenía vuelta atrás. Sin embargo, las opciones que barajaban los socialistas para el futuro de España eran el de República o el de Monarquía con Don Juan, descartada por el fracaso del pacto.
Ahí surge un político socialista, muy inclasificable, pero monárquico, que es Enrique Tierno Galván. Fue el primer socialista importante que vio claro que el futuro de una España democrática pasaba por la Monarquía.
La Monarquía también era consciente de que necesitaba el apoyo de la izquierda, y dentro de los ambientes monárquicos se empieza a buscar una izquierda dinástica, capaz de colaborar y, en su caso, gobernar con la Monarquía. Es la búsqueda de un Partido Laborista español.
En la memoria de los Borbones quedó una enseñanza que acompañó a Alfonso XIII durante el exilio. Esta era que si él, a su debido tiempo, hubiera llamado al Partido Socialista para formar gobierno, se habría evitado la caída de la Monarquía y lo que vino después.
Según Juan Carlos de Borbón fue creciendo junto a Franco, la izquierda consideró que si la Monarquía volvía a España, esta no podía ser juancarlista. Santiago Carrillo se planteó jugar la baza de que Don Juan fuese el Monarca a la muerte de Franco. Acertó al pensar que la vuelta a la democracia pasaba por la Monarquía, pero se equivocó al pensar en la figura de Don Juan (como también le había ocurrido a Tierno Galván).
Así llegamos a la Transición, donde la Monarquía y el Partido Socialista estaban condenados a entenderse. En ese entendimiento, jugó un papel importante la complicidad generacional.
15 de febrero de 2017
Para J. P. Fusi, la Transición fue la consecuencia de lo que había sido el fracaso de la democracia. El ilustre historiador comenzó afirmando que tenemos perspectiva histórica para conocer y analizar la Transición. Conocemos a los actores, hechos, gobiernos, Constitución, estatutos y diversas políticas, los historiadores han podido ser testigo de los hechos y conocen la época y algunos de los actores de la Transición siguen vivos.
La Transición es ya el periodo más largo de democracia (1868 hasta 1874; 1931-1936). Por tanto, se acertó en el “procedimiento”, afirma Fusi. Se habla de reforma, pero no de ruptura, aunque terminó en ruptura. Para Fusi, el Rey acertó con la elección de Suárez, después del periodo de Arias Navarro, que era incompatible con los nuevos tiempos. Fusi recalcó que hubo otros candidatos y que el Rey puso en marcha el proceso. Por tanto, el Rey fue esencial en el camino hacia la democracia, en un momento de cierta incertidumbre en el futuro.
El historiador puso de relieve tres actores que hicieron posible la Transición:
Se aprobó la Constitución de 1978 y, por ella, se establecía una Monarquía constitucional y parlamentaria, se reconocían las libertades y particularidades, partidos y sindicatos, se abolía la pena de muerte, sería un país aconfesional, aunque reconocía la importancia de la Iglesia católica en España, y se compuso la España de las Autonomías –nacionalidades* y regiones-.
Fusi continuó explicando el proceso, los cambios y los gobiernos que ha habido. En el 77, se legalizó el partido comunista y las elecciones fueron en junio; después, se firmaron los pactos de la Moncloa**, se aprobó la Constitución, hubo elecciones, se aprobaron los Estatutos de Autonomía en País Vasco y Cataluña. Y todo ello se sucedió del 77 al 79. A Suárez le sucedió Calvo Sotelo, el PSOE (82-96), Aznar (96-2004), Zapatero (hasta 2012) y se ha producido la abdicación de Don Juan Carlos con normalidad. Con la operación Tarradellas se intentó dar concesiones al nacionalismo catalán; también, al País Vasco. Desde el punto de vista de la política exterior, Calvo Sotelo introdujo a España en la OTAN y el PSOE lo llevó en referéndum. A juicio del historiador, la transición exterior la puso en marcha Calvo Sotelo.
En el 82, se completó el proceso autonómico, se llevó a cabo la reforma militar –ejército más reducido, moderno y leal-, la reconversión industrial, la entrada en Europa, se ratificó la OTAN con referéndum, los ministros de exteriores definieron las relaciones internacionales españolas (Marruecos, Iberoamérica, países árabes, se reconoce a Israel, defensa occidental) y se produjo la modernización del país.
En el 96, la llegada del PP fue un cambio normal en el proceso democrático.
J. P. Fusi, concluye su intervención reiterando su tesis inicial: la respuesta a la crisis del siglo XX fue la Transición.
En España, en el siglo XX, ha habido tres problemas: problema de democracia en el siglo XX, la organización territorial del Estado y un problema económico. La transición resuelve estos tres problemas, en opinión de Fusi.
Pero problemas hubo, matiza el historiador: crisis de partidos, mala gestión, corrupción, cambios en el sistema de partidos, políticas controvertidas (participación en la guerra del golfo), problemas sociales (carestía de la vivienda, fracaso educativo, alcohol y drogas en la juventud), problemas nacionalistas –reivindicación de plena soberanía-, etc...
No obstante, el balance es positivo. Para Fusi, España ha llegado a estar entre las veinte primeras economías del mundo. Fusi recalca que el problema de la Transición fue ETA. En su análisis, Fusi afirma que nació como reacción de un grupo contra la pasividad del PNV, para refundar el nacionalismo como liberación nacional y evitar la desaparición del mundo rural vasco por el desarrollismo franquista. Se utilizó el terrorismo como estrategia (no había un conflicto, lo creó ETA), no fue una respuesta, afirma Fusi. El objetivo era ir más allá del proceso autonómico, liderar la causa vasca e imponer la negociación. Todo ello ha dejado una huella en el mundo vasco.
J. P. Fusi se reserva para otra ocasión la transformación cultural de España. Entre lo que destacó fue la apertura hacia la libertad, en los medios de comunicación y la creación literaria y artística, arquitectónica.
Fusi concluye que la Transición ha sido periodo histórico que ha refundado España: una época de grandes cambios.
A la pregunta que le hicieron al historiador, si Franco pudo entrever el proceso democrático, Fusi respondió que debía ver los cambios, pero no del todo, y que creía en el Régimen del 18 de julio, lo que refuerza la idea del protagonismo del Rey en el proceso de Transición.
*País Vasco, Cataluña y Galicia
**Acuerdos entre partidos y sindicatos en gasto público, salarios, deuda, privatizaciones, reducción del sector público, plan de ajuste (Pactos de la Moncloa y entrada en Europa) que llevaron al desarrollo (en dos años hubo desarrollo económico) –se desmanteló el INI-
Para J. P. Fusi, la Transición fue la consecuencia de lo que había sido el fracaso de la democracia. El ilustre historiador comenzó afirmando que tenemos perspectiva histórica para conocer y analizar la Transición. Conocemos a los actores, hechos, gobiernos, Constitución, estatutos y diversas políticas, los historiadores han podido ser testigo de los hechos y conocen la época y algunos de los actores de la Transición siguen vivos.
La Transición es ya el periodo más largo de democracia (1868 hasta 1874; 1931-1936). Por tanto, se acertó en el “procedimiento”, afirma Fusi. Se habla de reforma, pero no de ruptura, aunque terminó en ruptura. Para Fusi, el Rey acertó con la elección de Suárez, después del periodo de Arias Navarro, que era incompatible con los nuevos tiempos. Fusi recalcó que hubo otros candidatos y que el Rey puso en marcha el proceso. Por tanto, el Rey fue esencial en el camino hacia la democracia, en un momento de cierta incertidumbre en el futuro.
El historiador puso de relieve tres actores que hicieron posible la Transición:
- La determinación del Rey (encargo de la dictadura, según la Ley de Sucesión, al Rey don Juan Carlos, en 1969), cualquiera que fueran sus razones. Tenía el poder necesario para frenar o procurar el cambio. En este momento, la Monarquía fue la solución (Isabel II fue un obstáculo y en, 1931, también) y La Corona se convirtió en la garantía de la lealtad del ejército a este proceso (en el 23F de 1981 puso de manifiesto el rechazo del Rey al levantamiento y el ejército fue leal al Rey)
- El Espíritu de consenso (entre políticos, empresarios, la cultura, la jerarquía de la Iglesia, los sindicatos, los medios de comunicación), que se simboliza en la UCD (de diversa procedencia: reformistas, demócratas, liberales, social-demócrata), aunque sin una ideología muy definida. Según el análisis de Fusi, la democracia estaba por encima de todo, incluso de la forma del Estado (República o Monarquía) y la izquierda no fue revanchista.
- La conciencia histórica (no repetir lo que ocurrió en 1931 a 1936 y que desembocó en la Guerra Civil).
Se aprobó la Constitución de 1978 y, por ella, se establecía una Monarquía constitucional y parlamentaria, se reconocían las libertades y particularidades, partidos y sindicatos, se abolía la pena de muerte, sería un país aconfesional, aunque reconocía la importancia de la Iglesia católica en España, y se compuso la España de las Autonomías –nacionalidades* y regiones-.
Fusi continuó explicando el proceso, los cambios y los gobiernos que ha habido. En el 77, se legalizó el partido comunista y las elecciones fueron en junio; después, se firmaron los pactos de la Moncloa**, se aprobó la Constitución, hubo elecciones, se aprobaron los Estatutos de Autonomía en País Vasco y Cataluña. Y todo ello se sucedió del 77 al 79. A Suárez le sucedió Calvo Sotelo, el PSOE (82-96), Aznar (96-2004), Zapatero (hasta 2012) y se ha producido la abdicación de Don Juan Carlos con normalidad. Con la operación Tarradellas se intentó dar concesiones al nacionalismo catalán; también, al País Vasco. Desde el punto de vista de la política exterior, Calvo Sotelo introdujo a España en la OTAN y el PSOE lo llevó en referéndum. A juicio del historiador, la transición exterior la puso en marcha Calvo Sotelo.
En el 82, se completó el proceso autonómico, se llevó a cabo la reforma militar –ejército más reducido, moderno y leal-, la reconversión industrial, la entrada en Europa, se ratificó la OTAN con referéndum, los ministros de exteriores definieron las relaciones internacionales españolas (Marruecos, Iberoamérica, países árabes, se reconoce a Israel, defensa occidental) y se produjo la modernización del país.
En el 96, la llegada del PP fue un cambio normal en el proceso democrático.
J. P. Fusi, concluye su intervención reiterando su tesis inicial: la respuesta a la crisis del siglo XX fue la Transición.
En España, en el siglo XX, ha habido tres problemas: problema de democracia en el siglo XX, la organización territorial del Estado y un problema económico. La transición resuelve estos tres problemas, en opinión de Fusi.
Pero problemas hubo, matiza el historiador: crisis de partidos, mala gestión, corrupción, cambios en el sistema de partidos, políticas controvertidas (participación en la guerra del golfo), problemas sociales (carestía de la vivienda, fracaso educativo, alcohol y drogas en la juventud), problemas nacionalistas –reivindicación de plena soberanía-, etc...
No obstante, el balance es positivo. Para Fusi, España ha llegado a estar entre las veinte primeras economías del mundo. Fusi recalca que el problema de la Transición fue ETA. En su análisis, Fusi afirma que nació como reacción de un grupo contra la pasividad del PNV, para refundar el nacionalismo como liberación nacional y evitar la desaparición del mundo rural vasco por el desarrollismo franquista. Se utilizó el terrorismo como estrategia (no había un conflicto, lo creó ETA), no fue una respuesta, afirma Fusi. El objetivo era ir más allá del proceso autonómico, liderar la causa vasca e imponer la negociación. Todo ello ha dejado una huella en el mundo vasco.
J. P. Fusi se reserva para otra ocasión la transformación cultural de España. Entre lo que destacó fue la apertura hacia la libertad, en los medios de comunicación y la creación literaria y artística, arquitectónica.
Fusi concluye que la Transición ha sido periodo histórico que ha refundado España: una época de grandes cambios.
A la pregunta que le hicieron al historiador, si Franco pudo entrever el proceso democrático, Fusi respondió que debía ver los cambios, pero no del todo, y que creía en el Régimen del 18 de julio, lo que refuerza la idea del protagonismo del Rey en el proceso de Transición.
*País Vasco, Cataluña y Galicia
**Acuerdos entre partidos y sindicatos en gasto público, salarios, deuda, privatizaciones, reducción del sector público, plan de ajuste (Pactos de la Moncloa y entrada en Europa) que llevaron al desarrollo (en dos años hubo desarrollo económico) –se desmanteló el INI-
8 de febrero de 2017
El miércoles día 8, tuvo lugar la inauguración de la 2ª Edición del Seminario. Nos acompañó la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Dña. Pilar Laguna, que introdujo al ponente, José Antonio Escudero.
Escudero dedicó la exposición a hablar del consenso en la Transición, que se puede abordar desde diferentes ángulos.
Se dice que el consenso fue la esencia de la Transición de la dictadura del general Franco a la democracia. Ese consenso fue un talante de acuerdos de distinta naturaleza, que buscaban el acercamiento y la concordia civil. Hubo un primer consenso, del que se habla mucho, que fue el acuerdo entre partidos dispares (Partido Socialista, UCD, Partido Comunista, Alianza Popular…); pero hubo otro fenómeno complementario, que fue el consenso interno dentro de los propios partidos.
Dentro de los partidos era necesario también el consenso, y cuando este se rompió (como fue el caso de la UCD), los partidos desaparecían. No solo la UCD tuvo este problema: el CDS también lo padeció. En un principio, el Centro Democrático y Social nació como un partido homogéneo, pero al final acabaron surgiendo tendencias contrapuestas y se puso en cuestión el valor del consenso interno.
La Transición fue precedida por un periodo que podríamos calificar de pre transición, que empieza con la llegada de los tecnócratas al gobierno de Franco. En esa pre transición hubo dos hitos: uno en el año 73, que fue el asesinato del presidente del Gobierno, Carrero Blanco; y dos años más tarde, la muerte de Franco. Por entonces, el Gobierno lo dirigía Arias Navarro, un hombre anclado a los viejos tiempos. El Rey le sugiere que se aparte, y queda vacante la Presidencia del Gobierno.
Se abre entonces una operación política que culminó con el acceso a la Presidencia del hombre que el Rey tenía en la cabeza: Adolfo Suárez. Según las leyes franquistas, el país tenía tres grandes organismos: las Cortes, el Consejo del Reino, y el Consejo Nacional del Movimiento. Pues bien, el Consejo del Reino era el órgano encargado de proponer al Rey una terna de la cual Su Majestad designaría a la persona que considerase oportuna. Por lo tanto, si don Juan Carlos quería que la presencia la ocupase Suárez, tenía que conseguir que estuviese en la terna.
En esa terna estuvieron un representante del sector católico, un representante de la tendencia tecnócrata y Adolfo Suárez, quien finalmente fue designado por el Rey. El artífice de esta operación fue Torcuato Fernández-Miranda, por entonces profesor de Derecho Político en la Universidad de Oviedo.
La Transición exigía una transformación legislativa. Se plantea si el cambio de régimen va a ser de ruptura o de reforma, y el Rey optó por la segunda opción. No buscó para liderar el proceso a alguien de fuera del régimen, por lo que esta dialéctica se inclinó por la reforma. Esta reforma fue posible por el compromiso del Rey, por la presión de la opinión pública, por la conciencia política de algunos franquistas, que asumieron que su etapa había terminado, y por el contexto europeo.
En la Historia de la Transición hay dos años claves (de diciembre del 76 a diciembre del 78), donde tuvieron lugar dos consultas al pueblo: la consulta de la Ley para la reforma política y el referéndum constitucional. Esas consultas significaron el refrendo del pueblo al cambio de la dictadura a la democracia.
La Ley de reforma política fue aprobada por las Cortes franquistas, lo que suponía la liquidación de la dictadura. Esta ley se ha atribuido a Fernández-Miranda, ya que patrocinaba una reforma “de ley a ley”. Esa ley tiene como característica su brevedad (cinco artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición final que elevaba el texto a la categoría de “Ley Fundamental”).
Después de analizar los distintos partidos y algunas figuras políticas que participaron en la Transición, José Antonio Escudero se centró en la Unión de Centro Democrático. La unión de los distintos grupos que formaron la UCD fue más teórica que real, ya que todos los grupos mantuvieron sus estructuras internas. Suárez no se apoyó en el sector que provenía del franquismo, que estuvo liderado por Rodolfo Martín-Villa, sino en sectores más independientes. Ahí se plantea el problema del consenso interno, porque había que resolver los problemas internos de la UCD.
En las primeras elecciones generales (1977), la UCD obtuvo 165 diputados, el PSOE 118, Alianza Popular 16, y el PCE 20, quedando patente el fracaso de estos dos últimos grupos. Esas Cortes fueron constituyentes ya que se encargaron de redactar la Constitución, aunque hay sectores de la doctrina no las considera así (no hubo Gobierno provisional ni una asamblea unicameral).
Los dos problemas principales del debate constitucional fueron la forma de Gobierno y la forma territorial del Estado. Ese proceso de debate comenzó con la selección de unos diputados para una Ponencia, y después se formaron las distintas Comisiones. Lo que ha pasado a la Historia ha sido el grupo de la Ponencia, marginando a las Comisiones constitucionales del Congreso y del Senado.
En marzo del 79, Suárez gana por segunda vez las Elecciones Generales. Ahí empieza a crecer el acoso externo de la oposición, así como el acoso interno dentro de la propia UCD. En enero de 1981, Adolfo Suárez dimite como Presidente del Gobierno y abandona el partido en julio de 1982.
Es ahí cuando Suárez funda el Centro Democrático y Social, pero la disolución de las Cortes a propuesta del Presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo precipitó los hechos. En las elecciones de 1982 se produjo el desastre del centrismo: la UCD obtuvo 17 diputados y el CDS dos. En las elecciones de 1989 (autonómicas y europeas), el CDS tuvo cierto auge; pero ese CDS -que había surgido como partido de centro en contraposición al conglomerado que conformaba la UCD-, vio cómo su unidad interna se rompía. Al final, Suárez quiso retirarse del partido, se intentó mantenerle como Presidente de honor, pero al final la operación se frustró y Suárez abandonó la política.
El miércoles día 8, tuvo lugar la inauguración de la 2ª Edición del Seminario. Nos acompañó la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Dña. Pilar Laguna, que introdujo al ponente, José Antonio Escudero.
Escudero dedicó la exposición a hablar del consenso en la Transición, que se puede abordar desde diferentes ángulos.
Se dice que el consenso fue la esencia de la Transición de la dictadura del general Franco a la democracia. Ese consenso fue un talante de acuerdos de distinta naturaleza, que buscaban el acercamiento y la concordia civil. Hubo un primer consenso, del que se habla mucho, que fue el acuerdo entre partidos dispares (Partido Socialista, UCD, Partido Comunista, Alianza Popular…); pero hubo otro fenómeno complementario, que fue el consenso interno dentro de los propios partidos.
Dentro de los partidos era necesario también el consenso, y cuando este se rompió (como fue el caso de la UCD), los partidos desaparecían. No solo la UCD tuvo este problema: el CDS también lo padeció. En un principio, el Centro Democrático y Social nació como un partido homogéneo, pero al final acabaron surgiendo tendencias contrapuestas y se puso en cuestión el valor del consenso interno.
La Transición fue precedida por un periodo que podríamos calificar de pre transición, que empieza con la llegada de los tecnócratas al gobierno de Franco. En esa pre transición hubo dos hitos: uno en el año 73, que fue el asesinato del presidente del Gobierno, Carrero Blanco; y dos años más tarde, la muerte de Franco. Por entonces, el Gobierno lo dirigía Arias Navarro, un hombre anclado a los viejos tiempos. El Rey le sugiere que se aparte, y queda vacante la Presidencia del Gobierno.
Se abre entonces una operación política que culminó con el acceso a la Presidencia del hombre que el Rey tenía en la cabeza: Adolfo Suárez. Según las leyes franquistas, el país tenía tres grandes organismos: las Cortes, el Consejo del Reino, y el Consejo Nacional del Movimiento. Pues bien, el Consejo del Reino era el órgano encargado de proponer al Rey una terna de la cual Su Majestad designaría a la persona que considerase oportuna. Por lo tanto, si don Juan Carlos quería que la presencia la ocupase Suárez, tenía que conseguir que estuviese en la terna.
En esa terna estuvieron un representante del sector católico, un representante de la tendencia tecnócrata y Adolfo Suárez, quien finalmente fue designado por el Rey. El artífice de esta operación fue Torcuato Fernández-Miranda, por entonces profesor de Derecho Político en la Universidad de Oviedo.
La Transición exigía una transformación legislativa. Se plantea si el cambio de régimen va a ser de ruptura o de reforma, y el Rey optó por la segunda opción. No buscó para liderar el proceso a alguien de fuera del régimen, por lo que esta dialéctica se inclinó por la reforma. Esta reforma fue posible por el compromiso del Rey, por la presión de la opinión pública, por la conciencia política de algunos franquistas, que asumieron que su etapa había terminado, y por el contexto europeo.
En la Historia de la Transición hay dos años claves (de diciembre del 76 a diciembre del 78), donde tuvieron lugar dos consultas al pueblo: la consulta de la Ley para la reforma política y el referéndum constitucional. Esas consultas significaron el refrendo del pueblo al cambio de la dictadura a la democracia.
La Ley de reforma política fue aprobada por las Cortes franquistas, lo que suponía la liquidación de la dictadura. Esta ley se ha atribuido a Fernández-Miranda, ya que patrocinaba una reforma “de ley a ley”. Esa ley tiene como característica su brevedad (cinco artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición final que elevaba el texto a la categoría de “Ley Fundamental”).
Después de analizar los distintos partidos y algunas figuras políticas que participaron en la Transición, José Antonio Escudero se centró en la Unión de Centro Democrático. La unión de los distintos grupos que formaron la UCD fue más teórica que real, ya que todos los grupos mantuvieron sus estructuras internas. Suárez no se apoyó en el sector que provenía del franquismo, que estuvo liderado por Rodolfo Martín-Villa, sino en sectores más independientes. Ahí se plantea el problema del consenso interno, porque había que resolver los problemas internos de la UCD.
En las primeras elecciones generales (1977), la UCD obtuvo 165 diputados, el PSOE 118, Alianza Popular 16, y el PCE 20, quedando patente el fracaso de estos dos últimos grupos. Esas Cortes fueron constituyentes ya que se encargaron de redactar la Constitución, aunque hay sectores de la doctrina no las considera así (no hubo Gobierno provisional ni una asamblea unicameral).
Los dos problemas principales del debate constitucional fueron la forma de Gobierno y la forma territorial del Estado. Ese proceso de debate comenzó con la selección de unos diputados para una Ponencia, y después se formaron las distintas Comisiones. Lo que ha pasado a la Historia ha sido el grupo de la Ponencia, marginando a las Comisiones constitucionales del Congreso y del Senado.
En marzo del 79, Suárez gana por segunda vez las Elecciones Generales. Ahí empieza a crecer el acoso externo de la oposición, así como el acoso interno dentro de la propia UCD. En enero de 1981, Adolfo Suárez dimite como Presidente del Gobierno y abandona el partido en julio de 1982.
Es ahí cuando Suárez funda el Centro Democrático y Social, pero la disolución de las Cortes a propuesta del Presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo precipitó los hechos. En las elecciones de 1982 se produjo el desastre del centrismo: la UCD obtuvo 17 diputados y el CDS dos. En las elecciones de 1989 (autonómicas y europeas), el CDS tuvo cierto auge; pero ese CDS -que había surgido como partido de centro en contraposición al conglomerado que conformaba la UCD-, vio cómo su unidad interna se rompía. Al final, Suárez quiso retirarse del partido, se intentó mantenerle como Presidente de honor, pero al final la operación se frustró y Suárez abandonó la política.
